l consenso de la posguerra concluyó en los setentas. Los fundamentos de la justicia habían dejado de operar en la esfera de la moral económica y cada vez más se desarrollaban en el ámbito de la filosofía política.
La tríada estabilidad-distribución-crecimiento era remplazada por un nuevo orden de principios construido por la gobernabilidad-equidad-modernización. La discusión teórica a propósito de los fundamentos de este nuevo orden respondió a la ruptura del consenso, llevando al abandono del principio del pleno empleo y a la presentación de la estabilidad económica y la democracia como disyuntiva.
Esa disyuntiva fue expresada a través de un texto clave: La crisis de la democracia, elaborado bajo el patrocinio de la Comisión Trilateral (1975) por Samuel P. Huntington et al.
El otro eje del asalto conservador al consenso de la posguerra adoptó en los 80 la forma de una impugnación a las políticas económicas intervencionistas en el consenso de Washington.
John Williamson, quien bautizó esas políticas como el Consenso de Washington, lo enlistó en 10 puntos de los cuales los más relevantes fueron: disciplina fiscal, reorganización de las prioridades en el gasto público, reforma impositiva, tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, privatizaciones de empresas públicas, desregulación de procesos, derechos de propiedad.
Cada una de estas medidas requeriría un amplia discusión sobre sus impactos y consecuencias dependiendo del país, de la coyuntura de su implantación y de la mayor o menor capacidad de las burocracias estatales para implantarlas. Justamente la ejecución de las reformas ha sido y sigue siendo el punto débil de las reformas por una combinación de baja capacidad regulatoria del Estado y una amplia capacidad de captura de las élites poderosas que se intentan regular.
Por sí mismo esto no descalificaría la pertinencia de las reformas estructurales. Empero el desempeño de la economía mexicana cuestiona el diagnóstico que las origina.
¿Por qué tan pésimo desempeño en los últimos 25 años? Moreno y Ros (2010, FCE) arriban a la siguiente conclusión: “Nuestro argumento es que el determinante próximo de la baja tasa de crecimiento de México, desde principios de los 80, es la reducida tasa de inversión y son cuatro los factores que restringen la inversión: el bajo nivel de la inversión pública, un apreciado tipo de cambio real a partir de 1990, el desmantelamiento de la política industrial y la falta de financiamiento bancario.
En su más reciente libro (2013, Colegio de México-UNAM) Jaime Ros polemiza con la política económica del gobierno actual. Su punto de partida es una pregunta central: es el problema actual de la economía mexicana un problema de baja productividad y en consecuencia lo que se requiere es un conjunto de reformas microeconómicas. O bien la baja productividad es resultado de una política macroeconómica que requiere ser modificada.
En su libro, que tiene la virtud de la concisión, busca refutar uno a uno los argumentos a favor de centrar la política económica en las reformas estructurales: informalidad y productividad, características del mercado del trabajo, barreras a la competencia, escasez de capital humano y fallas institucionales.
El libro merece un más amplio debate en vista de los problemas reales que enfrenta la economía mexicana cuya tasa de crecimiento ha sido antayer nuevamente ajustada a la baja.
En un tema diferente. Conozco a Julia Carabias Lillo desde hace más de 30 años y sé de su capacidad académica y técnica a favor del desarrollo sustentable. Sobre todo aprecio su compromiso con las mejores causas de México. Por ello me sumo a todos aquellos que se han indignado con la reciente privación de su libertad. El tema exige el castigo a los responsables de ese incalificable acto. Pero también una discusión detallada. Regresaré a este tema en mi próxima colaboración.
