El presidente Enrique Peña Nieto y la Cámara de Diputados deberán sacar del presupuesto de este año mil 523 millones de pesos para pagar 38 mil pesos a cada uno de los 40 mil 87 ex braceros beneficiados por el apoyo social gubernamental, instituido desde 2005, dictaminó el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de Distrito Federal  en el amparo concedido a la Coordinadora Binacional de ex Braceros (Cobieb).

El tribunal puntualizó que con su decisión se reparan las omisiones en que incurrieron el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados al no establecer una partida presupuestal el año pasado para dicho pago, el cual sólo se ha entregado a 190 mil de los más de 3 millones de ex braceros, explicaron Porfirio Martínez González, abogado de la Cobieb, y Efraín Arteaga, integrante de la agrupación, en conferencia de prensa.

El amparo concedido, abundó Martínez González, sienta precedente jurídico para que las autoridades paguen los ahorros a los ex braceros, los cuales nunca les fueron entregados y que, según expertos en el tema, supera los 5 billones de pesos, cantidad superior al gasto público federal. Los ex braceros no pretenden que se les entregue dicha cantidad, sino que se les haga justicia y respeten sus derechos, dijo.

Arteaga refirió que los ex braceros y sus familiares presentaron su caso al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y al Congreso de Estados Unidos. A este último, expuso, se le pidieron copias de los contratos de los ex trabajadores y en diciembre envió un listado de 4 mil ex braceros. Mientras que el gobierno mexicano niega que tenga copias de dichos documentos e incluso interpuso un recurso de revisión contra el amparo que el 19 de febrero se les otorgó a los ex braceros en torno a la entrega de sus ahorros.

Martínez González y Arteaga comentaron que los ex braceros a los que deben entregarse el apoyo social se localizan principalmente en Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, pues son quienes ya cubrieron los requisitos exigidos por las autoridades para recibir los 38 mil pesos desde el año pasado, pero no se les hizo efectivo y por ello se interpuso el amparo.