Ante el Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sesiona en Nueva York, el diputado mexicano Carlos de Jesús Alejandro denunció la alta conflictividad que existe en México por la imposición a los pueblos originarios de obras de infraestructura sin consultarlos, como la ampliación de la autopista en Tepoztlán, Morelos; represas como La Parota, en Guerrero, o Las Cruces, en Nayarit, y los proyectos eólicos en Puebla, Oaxaca y Baja California.

Asimismo, mencionó la concesión de más de 90 por ciento de los territorios indígenas para la exploración y explotación minera, las cuales, dijo, están detonando conflictos, polarizando a las comunidades indígenas, “pues las empresas extractivas no informan previamente a cabalidad de las implicaciones y devastación que tendrá para los territorios indígenas.

En México, contra la norma internacional, se sigue permitiendo la explotación minera a cielo abierto con las implicaciones devastadoras al medio ambiente.

Señaló que en México también se decidió emprender una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y han sido los pueblos indígenas los que están demostrado a las autoridades que existen propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia a través de sus instituciones y sistemas normativos comunitarios. Sin embargo, lejos de escucharlos se les ha criminalizado y encarcelado, como a los dirigentes indígenas Gonzalo Molina y Nestora Salgado, entre otros, quienes encabezan este sistema pormedio de la policía comunitaria o como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

En su intervención la víspera, De Jesus aseveró que desde el aspecto jurídico-legislativo muchos Estados están siendo omisos a la hora de legislar y armonizar sus leyes en materia de derechos de los pueblos indígenas con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo en el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que es la herramienta jurídica que tienen los pueblos para defender su concepción de desarrollo cuando este diverge de la visión del Estado o de otros intereses. Por ello llamó a los Estados nacionales a aprobar dichas leyes para garantizar a los pueblos indígenas su derecho a incidir en la toma de decisiones que directamente los afecten.