Las políticas para el control del tabaco en México se quedaron rezagadas y van a la cola del resto de países en América Latina. Desde la entrada en operación de la Ley General en 2008 son mínimos los avances en el cumplimiento del Convenio Marco impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve la erradicación del tabaquismo, aseguran organizaciones civiles.

En seis años, advierten, aumentaron las muertes por enfermedades asociadas al hábito de fumar, al pasar de 60 mil en 2004 a 66 mil en 2011. La cifra sólo contabiliza los decesos de personas mayores de 35 años por cuatro enfermedades: infarto agudo al miocardio (26 mil 293), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (18 mil 259), enfermedad cerebrovascular (16 mil 88) y cáncer de pulmón (5 mil 864).

Esta tendencia se corresponde con la inacción de las autoridades en el control del tabaquismo, así como con la disminución de la inversión en salud, que pasó de 6.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2009 a 6.2 por ciento en 2012, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló Juan Núñez, de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento).

Además, dijo el activista, México se ubica en el lugar 33, de 34, en inversión per cápita en salud, con poco más de 13 mil pesos al año.

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Fumar, recordó Erick Antonio Ochoa, director de iniciativas para el control del tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón; sin embargo, en México las autoridades no tendrán nada que celebrar. Menos aún, dice, podría responder a la OMS sobre medidas regresivas que se han adoptado como la exención del impuesto especial a productos y servicios que se aprobó para los cigarros hechos enteramente a mano.

Tampoco habría manera de explicar actitudes como la del gobernador de Querétaro, José Calzada, quien vetó la ley contra el tabaquismo que el Congreso del estado aprobó por unanimidad el pasado 29 de enero.

Calzada hizo varios señalamientos al ordenamiento, pero el más preocupante es su defensa de los intereses de la industria tabacalera y los comercios, los cuales –según su visión– se verían afectados si se declara a los espacios públicos ciento por ciento libres de humo de tabaco, afirma Sandra Páramo, de Comunicación, Diálogo y Conciencia, quien resaltó que la postura de Calzada contrasta con la de los gobernadores de otras ocho entidades, cuyas leyes garantizan la protección de las personas con espacios libres de humo.

Reconoció el trabajo de legisladores y mandatarios que decidieron remontar la ley general, que permite áreas para fumadores en espacios públicos cerrados.

Este es uno de los temas pendientes, señaló Antonio Ochoa. Otros son aumentar el tamaño de los pictogramas en las cajetillas de cigarros, a fin de que ocupen 75 por ciento del espacio (actualmente, 30 por ciento), la prohibición de todo tipo de publicidad y patrocinio de productos de tabaco y garantizar que se no se vendan cigarros sueltos ni a menores de edad.