Entre las principales estrategias de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y de sus territorios y recursos naturales están buscar que se declaren inconstitucionales leyes como la minera, que violan sus derechos, consagrados en la propia Constitución mexicana, así como la exigencia de que se cumpla la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esto se planteó durante el foro Derecho a la Consulta, organizado por la UNAM y la Fundación de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ-Proindígena), con la participación de representantes y asesores de comunidades de los pueblos rarámuri (tarahumara), me´phaa (tlapaneco) y maya.

Se indicó que ya hay más sensibilidad para cautelar los derechos indígenas por parte de algunos jueces y magistrados desde las modificaciones hechas en 2011 a los artículos constitucionales en materia de derechos humanos, así como por el protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia para los juzgadores que tienen que intervenir en juicios sobre casos que atañen a indígenas, si bien se estimó que hay falta de voluntad del Ejecutivo para cumplir con la consulta previa e incluso autoridades, como algunas de la Secretaría de Economía, que defienden los intereses de las empresas.

En la presentación del evento, coordinado por el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, el director del seminario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y de Género, León Olivé, aseveró que el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía tendría que estar reflejado en nuestra estructura jurídica.

Participaron en el foro Maribel González Pedro, abogada de Tlachinollan, centro de Derechos Humanos de La Montaña de Guerrero; Leonardo Huerta Sánchez, secretario del Consejo de Vigilancia de los bienes comunales de la comunidad me´phaa de San Miguel del Progreso y la socióloga Martha Ramírez como traductora, quienes explicaron la lucha, mediante un amparo, de dicho pueblo contra la empresa Hochschild Mining a la que el gobierno entregó una concesión, por 50 años, para explotar oro, plata y zinc a tajo abierto, misma que afecta a otras siete comunidades.

Asimismo, Francisco Xavier Martínez, abogado de Greenpeace y Litiga Ole, quien asesora a indígenas y campesinos mayas productores de miel en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas contra la siembra de soya transgénica por parte de la transnacional Monsanto.