La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que el Ministerio Público (MP) sea el que determine en qué casos el erario debe asumir el costo de diligencias o peritajes solicitados por la defensa de los acusados, cuando éstos carezcan de recursos económicos para ello.

El ministro José Ramón Cossío, quien elaboró el proyecto de dictamen, destacó la importancia de la decisión, ya que muchas detenciones y procesos se llevan a cabo en contra de personas de baja condición cultural o socioeconómica, que tienen pocas posibilidades de defenderse y de presentar pruebas en su favor.

Al explicar las razones por la cuales la sala concedió el amparo a una persona que impugnó la decisión del Ministerio Público de no autorizar el pago, a cargo del erario, de un peritaje para demostrar su inocencia, Cossío señaló que dicha atribución –prevista en el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales– es ilegítima, porque viola del debido proceso, la adecuada defensa y el principio de presunción de inocencia.

Subrayó que el MP no tiene por qué determinar la procedencia de las pruebas que ofrece el acusado y si yo demuestro una condición de insolvencia en el proceso, el Estado tiene que hacer frente a los cargos que genere la prueba pericial.

La aceptación de la prueba, enfatizó, no puede quedar en manos de quien esté encargado de la persecución de los delitos, porque eso desequilibra por completo las condiciones de defensa del acusado.

Precisó que la norma impugnada atenta contra la imparcialidad del MP al delegar en éste la facultad para establecer si una diligencia (como pruebas de balística, peritajes médicos o contables, etcétera) es indispensable para el desarrollo de un proceso penal.

Los ministros concedieron ayer un amparo a una mujer que fue detenida luego de acudir al aeropuerto de la ciudad de México a recibir una persona procedente de Lima, quien fue capturada al detectar que había ingerido cocaína para introducirla ilegalmente al país. La acusada argumentó que al momento de ser detenida fue golpeada por los agentes federales, pero que no estaba en condiciones de presentar la prueba pericial de las lesiones sufridas porque no contaba con recursos económicos.