Con el pretexto del progreso, autoridades de los tres órdenes de gobierno se han aliado con poderes económicos, sobre todo extranjeros, para arrebatar recursos, territorios y bienes culturales a decenas de pueblos originarios del país con la construcción de megaproyectos, señalaron participantes del foro Crónicas del despojo: la lucha de los pueblos contra los megaproyectos, región centro, que se efectuó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por otro lado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdtampt) y el diputado del Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal presentaron un punto de acuerdo, que sería votado hoy en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que ésta exhorte al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de dichas entidades a revisar los documentos de impacto ambiental del Proyecto Integral Morelos (PIM) y suspender de forma temporal la ejecución de las obras, en tanto se realiza una consulta a las comunidades afectadas, y de resultar comprobado el riesgo inminente, cancelar definitivamente dicho plan.

En un comunicado, el Fpdtampt informó que los documentos presentados como sustento de la propuesta “exponen las inconsistencias técnicas, los riesgos e impactos del PIM (que incluye la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto), desde lo científico, la serie de violaciones a los derechos de los pueblos que se oponen a éste por la peligrosidad que representa estar en zona de riesgo volcánico y el proceso de criminalización de la protesta que han impulsado los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Graco Ramírez, en Morelos.

La organización recordó que el pasado 16 de mayo se cumplieron dos años de que surgió la lucha en el pueblo de Huexca, Morelos, contra el PIM, que ya venía dándose en Puebla y Tlaxcala, en una historia marcada por la falta de información y consulta a los pueblos; las mentiras o verdades a medias de la Comisión Federal de Electricidad, de las autoridades y gobiernos que por intereses económicos y políticos han sido cómplices y ejecutores de garantías y políticas en favor de las empresas españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y (la italiana) Bonatti”.

Durante el foro, organizado por el colectivo Tejiendo Organización Revolucionaria, se presentaron los casos del Fpdtampt y de la mega-autopista Toluca-Naucalpan, con la que se vería afectada la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, estado de México, cuyos pobladores, desde 2007, se han organizado para defender sus tierras.

José Luis Hernández y Nicolás Ramírez, integrantes de esa comunidad, indicaron que su oposición ha representado la presencia constante de policías en la región. Señalaron que aun cuando el pueblo se ha organizado en asambleas por usos y costumbres, han sido algunos comuneros –que representan sólo 3 por ciento del total de habitantes– quienes en asambleas fuera de la ley agraria han avalado el proyecto en esa zona.

Detallaron que la región cuenta con mantos acuíferos que aportan tres cuartas partes del agua que se consume en el Distrito Federal. Además, alberga 2 por ciento de la biodiversidad mundial y es hábitat de tres de cada 10 especies de mamíferos y una de cada 10 aves que habitan en el país. Por ello, la afectación no únicamente sería regional.