San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo.

Funcionarios del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), que iniciaron un monitoreo a municipios mexicanos fronterizos con su país por donde se internan los indocumentados, manifestaron preocupación por el endurecimiento de la política migratoria mexicana.

Estamos observando que hay una tendencia a endurecer la política migratoria y “estamos viendo que hay indicativos de que se hará más drástico con los operativos y redadas”, como ha ocurrido recientemente, dijo Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de Conamigua.

“Hasta hace poco no habíamos visto redadas en operativos del Instituto Nacional de Migración”, agregó en rueda de prensa ofrecida hoy en Tapachula, donde comenzó el recorrido de tres días, que incluye los municipios de Suchiate y Arriaga.

La funcionara –acompañada por el cónsul general de Guatemala en Tapachula, Héctor Zipac– informó que en lo que va del año han sido deportadas de México a su país 11 mil personas, mientras que de Estados Unidos la cifra es de 20 mil, lo que, en ambos casos representa un aumento de más de 20 por ciento.

Comentó que en su país han aumentado las redes de traficantes de humanos, así como los costos para trasladar a los indocumentados a Estados Unidos –debido a que “hay más demanda por la anunciada reforma migratoria–, de 50 mil a 60 mil quetzales”, poco más de 8 mil dólares.

Manifestó que el número de deportaciones de guatemaltecos ha crecido, pero también las remesas que llegan a su país, las cuales se ubican en 5 mil 128 millones de dólares al año, lo que representa 11 por ciento del producto interno bruto de esa nación.

Aseveró que entre 150 mil y 200 mil guatemaltecos intentan llegar cada año a Estados Unidos, cuyas autoridades buscan que sea mayor el número de deportados que los que queden y para ello pretende fortalecer la frontera de México, que es un filtro para que no siga la migración.

Gordillo afirmó que en Guatemala de ha incrementado el número de casos de personas que han perdido sus viviendas debido a que pidieron préstamos para pagar a los traficantes de indocumentados que los llevan a Estados Unidos.

“Tenemos más de 500 casos de pérdida de casa por pedir prestado para irse a Estados Unidos y hemos detectado que existen redes en las que participan coyotes y notarios públicos”, concluyó.