La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trazó ya una ruta crítica de trabajo para avanzar de manera más rápida en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que tiene como plazo legal el 18 de junio de 2016 para todo el país, pero a la fecha muestra un retraso significativo.

La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago aprobó la integración de cuatro grupos de trabajo con la misión de intercambiar experiencias en cada una de las etapas del proceso.

Hasta ahora, sólo en 16 entidades del país opera totalmente el nuevo sistema de justicia penal, mientras en 13 lo hace de manera parcial y en el resto está en planeación. Ya han transcurrido casi seis de los ocho años que otorgó la ley para su aplicación; entre los principales cambios están los llamados juicios orales. En unos días se incorporará Yucatán.

De acuerdo con información de la misma Comisión de Seguridad y Justicia, que se reunió el pasado fin de semana, los cuatro grupos de trabajo son los de normatividad, capacitación, difusión y socialización; financiamiento, infraestructura y equipamiento, y las de implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal.

A la reunión privada asistió la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, quien ofreció apoyo a los gobiernos estatales para avanzar de manera acelerada en este proceso, donde se requiere, entre muchas otras cosas, capacitación de los jueces y recursos económicos adicionales para la creación de espacios para más juzgados.

Fromow aseguró que en este proceso las universidades e instituciones de educación superior son fundamentales para que se articulen nuevos programas de formación y capacitación y así tener las nuevas generaciones de abogados que requiere el sistema de justicia penal.