El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) podría emitir la próxima semana un fallo para ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que indemnice por daño moral y patrimonial a la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial, quien pasó más de tres años en la cárcel de forma injusta, junto con Alberta Alcántara y Teresa González.

Las tres mujeres fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusadas de haber ‘‘secuestrado’’ a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes medio año antes habían participado en un operativo para decomisar mercancía apócrifa en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Luego de un proceso que la defensa de las indígenas catalogó como “lleno de irregularidades’’ –entre ellas fabricación de delitos y faltas al debido proceso–, las tres fueron condenadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos, pero recuperaron su libertad más de tres años después, luego de que la PGR no logró demostrar su culpabilidad.

Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó en conferencia de prensa que tras la liberación de las mujeres ñañús, en septiembre de 2010, solicitaron la reparación del daño a las autoridades, invocando la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Sin embargo, dos años después la PGR determinó que no tenía ningún daño que reparar, porque tenía facultades para acusar a las probables responsables de un delito; tras un juicio de nulidad, el pleno del TFJFA emitió una sentencia en contra de la procuraduría en noviembre de 2013, con lo cual la obliga a reparar el daño a Alcántara y González.

La PGR se ha negado a cumplimentar el fallo e interpuso recursos de revisión al mismo, como parte de una estrategia ‘‘dilatoria’’ para no admitir que presentó cargos sin sustento en contra de las tres indígenas, así como para retrasar el pago de la indemnización y el ofrecimiento público de una disculpa a las víctimas, consideró el litigante.

Al analizar el expediente de la indígena Jacinta Francisco –separado de los otros dos por causas administrativas, aunque el tema es idéntico–, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene la oportunidad de enviar el mensaje de que ‘‘violar derechos humanos sale caro’’, así como que se debe avanzar en el castigo a los culpables, indicó Díaz, quien llamó a la procuraduría a cumplir las sentencias sin obstaculizar más el proceso.

Por su parte, Jacinta Francisco subrayó que su intención con este reclamo no es obtener dinero, sino que el gobierno federal admita que las encarceló injustamente y revise otros casos similares para evitar que otras personas vayan a la cárcel de forma injusta.