El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, sostendrá este martes una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado para analizar, entre otros casos, el de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, y la recomendación que emitió al respecto, ya que organizaciones y familiares de las víctimas aseveran: no fuimos consultados ni requeridos por ese órgano para presentar nuestros testimonios y quejas.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, los religiosos Pedro Pantoja Arreola y fray Tomás González, de la Casa del Migrante de Saltillo y el Hogar-Refugio para Migrantes La 72, y más de 150 organizaciones civiles aseveran que “la CNDH cometió una serie de omisiones que constituyen graves violaciones a derechos humanos en la investigación y en la recomendación 80/2013 que emitió sobre los 72 migrantes ejecutados en San Fernando”.

Las organizaciones entregaron al Senado un documento en el que dan cuenta de una serie de omisiones en que habría incurrido ese organismo al investigar el caso.

Se diluyó responsabilidad

No se investigaron los hechos y no señala ninguna responsabilidad de autoridades del gobierno mexicano, que por su acción u omisión hayan violado el derecho a la vida de las personas, siendo que la propia CNDH había documentado un gran número de secuestros en la zona y había alertado a las autoridades sobre los riesgos que enfrentaba la población migrante, afirman.

Sostienen que al no haber considerado la CNDH como grave la violación a los derechos humanos, minimizó su impacto en víctimas y en la sociedad y diluyó la responsabilidad del Estado mexicano.

Refieren que la comisión no escuchó en ningún momento a los familiares, quienes no fueron buscados, entrevistados ni constituidos como víctimas en el procedimiento de investigación ni en la recomendación.

Denuncian que la CNDH tampoco asesoró a quienes recibieron restos humanos que no eran de sus familiares o a quienes tuvieron dudas sobre los que les entregaron. Asimismo, omitió su deber de vigilar que se repare el daño de manera integral a las víctimas en materia penal y no recomendó a las autoridades medidas de reparación a los daños causados por las violaciones a los derechos humanos.