La iniciativa del Ejecutivo debe ser sujeta a debate público amplio, dicen diputados
Martes 20 de mayo de 2014, p. 8
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anticipó que la legislación secundaria relacionada con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y el Fondo Mexicano del Petróleo deberá estar aprobada en comisiones el 19 de junio, con el propósito de de que la mesa directiva solicite a la Comisión Permanente convocar a un periodo extraordinario, probablemente en la última semana de ese mes.
En el acuerdo respectivo, que se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria, la junta determinó que las reuniones de comisiones se transmitirán en vivo, de manera íntegra, por el Canal del Congreso, y que las versiones estenográficas serán publicadas en un lugar visible en la página en Internet de la Cámara.
El acuerdo recomienda a las comisiones de Hacienda, Energía y de Presupuesto, a las que se turnaron las iniciativas del Ejecutivo, que una vez instaladas para revisar los documentos se declaren en sesión permanente para iniciar el estudio y discusión de la propuesta presidencial, y que ésta sea sujeta a un análisis amplio y debate público, en al menos siete reuniones de trabajo.
La junta refirió que la iniciativa que propone expedir la ley de ingresos sobre hidrocarburos y reforma a las leyes Federal de Derechos y la de Coordinación Fiscal, se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Energía; la que plantea expedir el Fondo Mexicano del Petróleo, igual a esas comisiones, y la que reforma a la Ley Federal de Presupuesto y la Ley General de Deuda Pública, a las comisiones unidas de Presupuesto y Energía.
En la ruta crítica propuesta por la Junta de Coordinación Política se prevé que de manera simultánea a las reuniones en comisiones, los diputados que las integran envíen a las juntas directivas una lista de los artículos que no proponen modificar, de manera que puedan ser considerados en el dictamen como aprobados en los términos propuestos por el Ejecutivo.
También, una lista de los artículos que sí se reservan para su discusión, así como una propuesta alternativa de redacción.
El acuerdo confirma la decisión de los grupos parlamentarios de que las iniciativas se discutan de la manera más amplia, pública y transparente ante la sociedad, con estricto apego al reglamento y en un marco de plena certeza y certidumbre jurídicas
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