os directores de Nacional Financiera (Nafin) y de la trasnacional financiera HSBC (famosa por lavar dinero) anunciaron ayer que otorgarán 26 mil millones de pesos de créditos a proveedores del sector energético. El monto de los créditos irá de 500 mil a 500 millones. A decir del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el programa es resultado de las reformas energética y financiera; corresponde, según él, a la presencia de una banca bien capitalizada, con niveles adecuados de liquidez y de reservas y bien administrada
(como Banamex, pensaría uno, que se empapó en candidez para aprobar préstamos a los defraudadores de Oceanografía).
Adicionalmente, el funcionario afirmó que cuando las cosas no salen bien en la banca mexicana
las pérdidas en los bancos se socializan al contribuyente
y tienen lugar episodios como el del Fobaproa, que los mexicanos seguimos pagando todos los años
. Precisión: en realidad a la banca mexicana las cosas ya no pueden salirle mal porque, salvo por un par de instituciones (Inbursa y Banorte), ha dejado de existir gracias a Salinas de Gortari, que la vendió a operadores rateros y torpes, y gracias a Zedillo, quien la revendió, después de rescatarla con dinero público, a corporaciones extranjeras de reputación tan lastimada como el propio HSBC. Otra precisión: Salinas y Zedillo fueron engendrados por el PRI, la misma institución política que ha cobijado y cobija a Peña Nieto, a Jesús Reyna García, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y al mismo Videgaray, entre muchos otros.
Pero ese no es el punto principal. Lo central de esta desfachatez es que el gobierno federal, que acaba de operar la ratería monumental de despojar al país del 90 por ciento de sus recursos petroleros, ha repetido una y otra vez que el ajuste constitucional correspondiente era necesario porque Pemex carecía de recursos para revitalizar e impulsar la industria petrolera.
Ahora resulta, sin embargo, que 26 mil millones de pesos de recursos públicos que habrían podido ser puestos directamente a disposición de Pemex serán subastados entre contratistas para que éstos hagan lo que la paraestatal no puede hacer
por falta de presupuesto
.
Es cierto que la suma referida, aunque inimaginable para un ciudadano común y corriente de los de a dos salarios mínimos mensuales (40 mil pesos al año, o así), es pequeña si se le compara con las necesidades de la industria petrolera. Pero el régimen está en el proceso de transferir el 90 por ciento de la renta petrolera a manos privadas, o sea: a los mismos zopilotes trasnacionales que fueron echados del país en 1938, más un puñado de contratistas nacionales del estilo de Oceanografía, según lo que puede inferirse de los términos de la iniciativa de Peña en materia de contratos para exploración y explotación de yacimientos (http://goo.gl/6d9k7i). Esa renta no se mide en miles de millones de pesos, sino en decenas de miles de millones de dólares anuales, y de allí podría salir el dinero suficiente para hacer todo lo que actualmente hacen los contratistas privados y mucho más, con la ventaja de que el Estado no tendría por qué perder los márgenes de utilidad correspondientes.
El entreguismo llega, pues, a límites asombrosos. Recuerda, en una escala mucho mayor, la canallada que perpetró Felipe Calderón en 2008-2009, cuando para combatir el desabasto alimentario optó por subsidiar con créditos a productores extranjeros en lugar de destinar recursos al agro mexicano.
Ya en el segundo tercio de la presidencia foxista empezaba a quedar claro que el panismo gobernante adquiría las mañas y los vicios del PRI, aunque no necesariamente la habilidad de operación política del viejo priísmo. Antaño los tricolores podían ser muy hipócritas, pero rara vez eran cínicos. Hoy, de los priístas gobernantes puede decirse que parecen panistas o que, al menos, están muy dispuestos a acompañarlos en ese viaje al fondo del cinismo.
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