El fuerte cabildeo realizado por las empresas que dominan los ferrocarriles en México, como Kansas City, logró que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario esté rezagada en el Senado, pese a que el PRI se comprometió a aprobarla en el pasado periodo de sesiones.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Javier Lozano, no ha avanzado en el dictamen de la minuta –que los diputados remitieron en febrero– que establece regulaciones y sanciones al servicio ferroviario, como revocar las concesiones cuando se opongan a la interconexión con otras empresas o no mantengan las vías férreas según estándares, normas y reglamentos.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, comentó que propondrá al PRI y a Acción Nacional (PAN) que el tema se retome e incluya en el próximo periodo extraordinario, en junio, sobre todo porque ya han escuchado a la mayoría de los concesionarios, que no están de acuerdo con las nuevas regulaciones.

La perredista Dolores Padierna dijo que la minuta debe modificarse, pero no para quitarla, sino para evitar que se profundice la privatización de los ferrocarriles. Es fundamental, explicó, evitar que el capital privado tenga acceso en la práctica a la propiedad de vías férreas por medio de permisos de construcción y mantenimiento.

Se requiere dejar claras las causales de revocación, ya que la ley simplemente señala que podrá revocar o iniciar un proceso revocatorio, además de que se incluye la posibilidad de afirmativa ficta en materia de concesiones.

Asimismo, establecer medidas concretas para que bajen las altas tarifas de carga de Kansas City, Ferrocarril Mexicano y Ferrosur, que las han incrementado hasta ocho veces en los recientes 12 años.

En la minuta, agregó, las tarifas permanecen a la libre determinación de los concesionarios y el Estado puede regularlas sólo cuando no exista competencia efectiva, sin definir con claridad qué significa ese término.

Es necesario, recalcó Padierna, establecer un auténtico registro público de tarifas, así como multas que incentiven su cumplimiento, y algunas tarifas especiales, como en otros países cuando existe necesidad pública de transportar medicinas y alimentos por siniestros naturales.

Agregó que el PRD dará el debate para que la ley fomente tarifas especiales para pasajeros como niños, adultos mayores, personas con discapacidades permanentes, familias de escasos recursos y jóvenes, así como incluir cláusulas para la efectiva protección del medio ambiente, daños a terceros y mejor señalización para lograr auténticas condiciones de seguridad.