Buenos Aires, 18 de mayo.

Los primeros gerentes de grandes empresas extranjeras que serán juzgados en Argentina, por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983), serán los directivos de la automotriz estadunidense Ford, anunció el abogado Pablo Llonto representante de una de las víctimas.

En este caso los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, y no llegó como acusado el entonces presidente del directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard) porque murió antes, detalló Llonto, a la agencia oficial de noticias Télam.

El abogado que libra una fuerte lucha contra el monopolio mediático Clarín, y escribió un libro clave sobre la directora Ernestina Herrera de Noble, por adoptar dos niños, en ambos casos ilegalmente, durante la pasada dictadura y que podrían ser hijos de desaparecidos, representa a una de las víctimas de la empresa Ford.

El nuevo juicio deberá comenzar el próximo 8 de julio y está dentro de la llamada megacausa de Campo de Mayo que junto con la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) fueron los mayores centros clandestinos de exterminio en el país.

Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos represivos, dijo a Télam Llonto y corresponderá al Tribunal Oral Federal Uno de San Martín tramitar los casos de unas 40 víctimas, casi todos obreros de la automotriz Ford y también de familiares de los trabajadores perseguidos.

En este mismo juicio figuran los directivos de otras fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y por esa razón se dividirá en cuatro grupos de víctimas, en cuyos casos se comprobó la participación de las empresas como Ford, fábricas de cerámica como Lozadur y Catáneo, metalúrgica Bopavi, de los astilleros Astarsa y Mestrina.

A los tres directivos de Ford se les imputa facilitar los datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar lo que significó el secuestro en 1976 de 24 obreros, pero más grave aún es haber permitido a los militares interrogarlos y torturarlos dentro del edificio de la propia empresa, que se convirtió temporalmente en un centro clandestino de detención, en la localidad de Pacheco, en el oeste de esta capital, sobre lo que hay pruebas y testimonios.

Los defensores de los tres directivos plantearon la nulidad de todo lo actuado, después de terminar el juicio de acusación, el pasado 9 de mayo.

Consideró Llonto que hay varias empresas en el banquillo, en diversos lugares del país, a partir de que se comenzó a indagar sobre la responsabilidad de civiles en los delitos de lesa humanidad. Lo que se resuelva en estos juicios y el primer caso que culmine con una sentencia va a servir de fundamento para los otros y también se va a poder conocer si se los caracteriza a los acusados como participantes o como partícipes o autores.

Son varias las empresas imputadas y casos que han alcanzado a personajes con un inmenso poder en las provincias como sería el del empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, empresa en la que sucedió uno de los hechos más simbólicos y trágicos de la pasada dictadura, cuando con la complicidad de sus directivos, se produjo un famoso apagón, lo que dejó a oscuras el lugar premeditadamente y con camiones militares de la propia empresas fueron secuestradas en esa misma noche decenas de trabajadores, muchos de los cuales están desaparecidos.

También en este caso está imputado el ex administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes han librado una dura lucha en estos casos, ya que muchos jueces prácticamente se negaron a juzgar a un hombre de tantos poderes, dueños además de grandes extensiones de tierras.

Lo mismo sucede en Bahía Blanca en el sur del país, con el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, al que defienden diversos y poderosos medios de comunicación del país, como La Nación y otros, que presionan para detener la causa a pesar de que se lo acusa de participar en el secuestro y asesinato de dos trabajadores durante la dictadura.

Una de las causas más fuertes es la investigación sobre la alemana Mercedes Benz, que también atraviesa por diversas presiones, a pesar de los testimonios y documentos que involucran a sus directivos con la pasada dictadura.

La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado sólo comenzó a ser investigada en los últimos años, y para marzo último representaban, alrededor del 13 por ciento del total de 2 mil 239 imputados en causas de lesa humanidad, señala la agencia Télam de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales,

En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados señala Télam.