La exculpación del mayor Iván Reyna Muñoz, muestra de procesos irregulares
Domingo 18 de mayo de 2014, p. 6
La liberación hace tres días del mayor Iván Reyna Muñoz, acusado de colaborar con grupos dedicados al tráfico de drogas y luego exonerado por falta de pruebas, fue la conclusión y muestra del sentido que tuvieron los casos más importantes que Marisela Morales Ibáñez tuvo bajo su responsabilidad como agente del Ministerio Público Federal, fiscal de asuntos especiales, subprocuradora y titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
En casos como el Michoacanazo, la aprehensión de jefes militares y la Operación Limpieza se ejercitó acción penal contra alcaldes y otros servidores públicos, pero todos han sido declarados inocentes tras meses o años de encarcelamiento.
La ex procuradora y dos de sus más cercanos colaboradores, artífices de la integración de averiguaciones previas o la consignación de las mismas, José Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel Abigail Vargas Tirado, no son siquiera investigados por haber falsificado pruebas en esos casos, indicaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Uno de los casos en que Morales Ibáñez tuvo éxito debido a que los jueces dictaron sentencia condenatoria, fue en el que se integraron las acusaciones en contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue señalado responsable de haber protegido las operaciones del cártel de Juárez, cuando lo comandaba Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, en 1997.
En el llamado Michoacanazo, en mayo de 2009, más de 40 servidores públicos –entre ellos 11 alcaldes– fueron detenidos y arraigados durante 40 días para ser investigados por presuntos vínculos con criminales que operaban en esa zona, cuando se hacían llamar La familia michoacana.
Morales era titular de la dirección de asuntos especiales y la PGR estaba a cargo de Eduardo Medina Mora. Los alcaldes y coacusados fueron exonerados; en algunos casos tardaron más de un año en recuperar la libertad.
En febrero de 2009, Medina Mora anunció –acompañado de Marisela Morales– que se había puesto en marcha la llamada Operación Limpieza. La integración del expediente se inició en octubre de 2008. Participaron, entre otros funcionarios, José Cuitláhuac Salinas (quien se convertiría en titular de la Seido, por decisión de Morales), la ex procuradora y Vargas Tirado, quien ha realizado labores de inteligencia en contra del tráfico de drogas y de grupos guerrilleros en entidades como Chihuahua y Chiapas.
La Operación Limpieza involucró a 25 personas, entre ellas a Noé Ramírez Mandujano, quien fue titular de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; Miguel Colorado González, que se desempeñó de coordinador general técnico de la misma, y Antonio Mejía Robles, integrante de la entonces Agencia Federal de Investigaciones.
Los 25 inculpados fueron acusados de haber colaborado con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y proteger sus operaciones.
Sin embargo, los testigos protegidos cuyos testimonios fueron considerados sin fundamento por los jueces federales fueron los mismos que la PGR –durante la gestión de Morales como titular de la dependencia– utilizó para acusar a los generales Tomás Ángeles Dauahare (ex subsecretario de la Defensa Nacional), Ricardo Escorcia y Roberto Dawe, y al mayor Iván Reyna. Todos obtuvieron su libertad por falta de pruebas para procesarlos.
