l deterioro y descrédito en que se encuentran actualmente las instituciones encargadas de procurar justicia, salvaguardar el estado de derecho y la integridad territorial; el extravío generalizado de la legalidad y la disolución actual del poder público en diversos puntos del territorio nacional, son elementos que tienen en Marisela Morales, ex titular de la Procuraduría General de la República, un referente ineludible.

Ungida procuradora en un momento de franco declive para esa institución –tras el paso de Arturo Chávez Chávez, impresentable ex procurador de Chihuahua entre 1996 y 1998, periodo caracterizado por una ola de feminicidios en esa entidad–, la actual cónsul de México en Milán arrancó su paso al frente de la PGR entre severos cuestionamientos. Para entonces (abril de 2011) Morales Ibáñez ya arrastraba un historial de gestora y operadora de persecuciones y golpeteos políticos contra adversarios del partido gobernante: baste citar, por ejemplo, su responsabilidad en la integración del expediente que dio cobertura jurídica al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, bajo la gestión de Rafael Macedo de la Concha al frente la PGR –cuando Morales encabezó la Coordinación General de Investigación de esa dependencia–, y su participación en la fallida Operación Limpieza y en el episodio conocido como michoacanazo, en el que una treintena de funcionarios públicos, la mayoría de ellos perredistas, fueron detenidos por supuestos –y, finalmente, falsos– vínculos con el narcotráfico en la tierra natal del entonces jefe del Ejecutivo federal. No obstante, nada de eso gravitó en el razonamiento de Felipe Calderón, quien por entonces estaba más preocupado en construir la percepción de que el gobierno iba ganando la guerra contra la delincuencia –en medio de una proliferación de delitos y de un incremento exasperante en los niveles de violencia– que en garantizar la vigencia del estado de derecho.

No fue sorprendente, pues, que la gestión de Marisela Morales haya dado continuidad a una aplicación facciosa y con claros fines políticos y partidarios de la procuración de justicia, habiendo profundizado, con ello, la erosión de la credibilidad y la autoridad moral de la PGR. El más reciente de los escándalos protagonizados por el Ministerio Público a cargo de Morales fue la detención y el arraigo en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, así como otros militares, por presuntos nexos con el narcotráfico, sin más fundamento que declaraciones de testigos protegidos. A la postre, las acusacones resultaron falsas: Ángeles Dauahare fue liberado en abril de 2013, al igual que el ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, uno de los implicados en la Operación Limpieza; el resto de los militares acusados salieron en libertad en julio de ese mismo año. Para entonces, Marisela Morales ya había sido designada cónsul en Milán por Enrique Peña Nieto.

La incapacidad de las instancias federales de procuración de justicia para aportar indicios sólidos a las acusaciones referidas, así como su propensión a realizar detenciones de alto impacto sin más fundamento que declaraciones de testigos protegidos, a fabricar culpables y a hacer un uso faccioso de la ley, no sólo son indicativos del fracaso mayúsculo de los pretendidos esfuerzos de la pasada administración por combatir la criminalidad y restituir el estado de derecho; también dan cuenta de un desvío sistemático y deliberado de los responsables de esas instituciones respecto de la propia legalidad, que debería ser plenamente esclarecido y sancionado por la actual administración.

Hasta ahora, según puede verse, la administración de Peña Nieto ha sido omisa en esa necesaria revisión y ha apostado a que el asunto se diluya con el tiempo. Precisamente por ello, es pertinente y necesario insistir en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y deslinden las responsabilidades de diverso tipo en que pudieron haber incurrido la propia Morales, su ex jefe, Felipe Calderón, y otros integrantes cuestionados del pasado grupo de gobierno, como el ex titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Esa revisión debe ser vista por el Ejecutivo federal como un primer paso para restañar la credibilidad de la procuración de justicia en el país.