El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para agilizar los procedimientos jurídicos para que ejidatarios y comuneros puedan recuperar las tierras que fueron obligados a ceder al crimen organizado.

Se trata de una modificación a la Ley Agraria, que está ya en comisiones del Senado y va encaminada a establecer, de forma ágil, la nulidad absoluta de actos de cesión o compras ficticias de terrenos y propiedades. La senadora Verónica Martínez argumentó que se requiere ese cambio, ya que la violencia provocada por el crimen organizado se ha salido de control y ha ocasionado miles de víctimas, pero particularmente se han violentado los derechos sobre la tierra de cientos de campesinos, a los que narcotraficantes han arrebatado sus propiedades.

Los más afectados, dijo, son campesinos de Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Mencionó el caso de los productores michoacanos de aguacate y limón, obligados a ceder sus propiedades bajo presiones, intimidación y amenazas, ante notarios públicos.

La modificación al artículo 49 de la Ley Agraria indica que los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas podrán acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus bienes, detalló.