a heroica tarea de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René era perfectamente legítima. Se fundaba en lo que se conoce como estado de necesidad o la llamada defensa afirmativa de necesidad. En ciertas circunstancias, para salvar vidas en peligro, una persona puede cometer violaciones menores (forzar la entrada, sin pedir permiso, a un domicilio ajeno, causando daños materiales para rescatar a alguien de un incendio, es un ejemplo fácil de entender).

En este caso, para salvar otras vidas, ellos pusieron en peligro la propia y no sólo en un acto heroico –como en el ejemplo de la casa incendiada–, sino con muchos actos heroicos durante los años en que actuaron dentro de los peores grupos terroristas para descubrir sus planes. Nunca usaron armas ni emplearon la fuerza o la violencia. En su vida cotidiana cumplieron las leyes y sus deberes sociales y fueron ejemplo de convivencia como testimoniaron en el juicio vecinos y compañeros de trabajo.

Nuestros compatriotas, técnicamente, incurrieron sólo en una falta: no revelaron a las autoridades la naturaleza de su encomienda en Miami. Esa violación, no haberse inscrito como agente extranjero, es bastante frecuente en Estados Unidos y suele resolverse con el pago de una multa.

En el caso de los Cinco también esa omisión estaba plenamente justificada. Más aun, era imprescindible. ¿A quién se le ocurre luchar contra el terrorismo en Miami y a la vez hacérselo saber a las mismas autoridades que se han pasado medio siglo amparando y apoyando a los terroristas?

El propio juicio al que fueron sometidos lo probó hasta la saciedad. Desde el acta acusatoria inicial hasta las sesiones en que fueron dictadas las desmesuradas sentencias y a lo largo de toda la labor del tribunal, la fiscalía nunca ocultó que estaba del lado de los terroristas, que eran sus protegidos, que por apoyarlos había sentado a nuestros héroes en el banquillo de los acusados en una rocambolesca subversión de la justicia.

La jueza, por su parte, tuvo momentos inolvidables que dejaron al desnudo la verdadera esencia de lo que estaba sucediendo. Lo hizo especialmente a la hora de imponerles castigo, que incluyó, a petición del gobierno, la llamada cláusula de incapacitación, para someter a los acusados, después de cumplidos los exagerados términos de prisión, a un régimen especial que la fiscalía consideró tan importante o más que el injusto encierro carcelario. Se trababa de evitar que nunca más, ninguno de los Cinco, intentara algo en perjuicio de los terroristas.

En cuanto a René y Antonio, que habiendo adquirido la ciudadanía estadunidense por nacimiento no podían ser expulsados inmediatamente del país como acaba de suceder con Fernando, les agregaron varios años de libertad supervisada con estrictas condiciones que incluían esta bien reveladora: como una condición especial adicional de la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, personas que practican la violencia o figuras del crimen organizado.

Tan insólita orden fue emitida en diciembre de 2001. Por aquellos días George W. Bush proclamaba que quien acoge, protege o ampara a un terrorista es tan culpable como el terrorista mismo, e impulsado por esa idea desataba por y todas partes su guerra contra el terrorismo. Por todas partes, dijo, aunque para Bush obviamente Miami está en otro planeta.

La cláusula para proteger a los terroristas es la esencia misma de toda la saga de los Cinco. Basta leer la orden emitida por la misma jueza, 10 años después, cuando René salió de la prisión. Se le quería obligar a permanecer allá, solo, aislado, desarmado, sin posibilidad de defenderse ante cualquier agresión. Como si eso fuera poco, la jueza repitió, palabra por palabra, la prohibición dictada 10 años antes. La advertencia era muy clara: no iban a proteger a René de los terroristas, sino a éstos de René.

Hoy, como ayer, el gobierno de Estados Unidos reconoce paladinamente que sabe quiénes son, en Miami, los terroristas. Sabe, además, dónde están y qué lugares frecuentan. Pero afirma también, desvergonzadamente, que a ellos no se aplica la doctrina Bush, y en vez de capturarlos y enviarlos a la cárcel dedicará sus esfuerzos a protegerlos.

Por eso nadie se sorprendió cuando en 2005 Luis Posada Carriles –buscado por 20 años por la Interpol, fugitivo de la justicia venezolana que lo juzgaba por la destrucción en pleno vuelo de un avión civil en 1976– decidió instalarse en Miami y continuar promoviendo el terrorismo contra Cuba, ya no desde el clandestinaje, sino abiertamente.

Tampoco causó sorpresa que cuatro integrantes de la red terrorista de Posada hayan venido a Cuba varias veces a preparar nuevos ataques y que ahora guarden prisión aquí. Son individuos con antecedentes delictivos en Miami, y hasta han hecho ostentación pública de sus propósitos criminales.

La impunidad con que continúan operando estos grupos criminales es consecuencia directa del proceso seguido contra nuestros Cinco compañeros, pues lo ocurrido hace ya más de 15 años era un mensaje muy claro y aún vigente: en Miami no sólo se permite el terrorismo contra Cuba, sino cuenta además con la complicidad y la protección de las autoridades.

La conversión del sur de Florida en santuario para el terrorismo puede ser un juego peligroso también para el pueblo estadunidense. Mientras los Cinco estaban encarcelados y se celebraba el infame juicio contra ellos, allí mismo, en Miami, se entrenaba la mayoría de los terroristas que llevarían a cabo la atrocidad del 11 de septiembre de 2001. Ninguno provocó sospechas, ninguno atrajo el interés del FBI. Porque en Miami el FBI no tiene tiempo para esas cosas, pues todo lo dedica a proteger el terrorismo anticubano y a castigar a quienes tratan de evitar sus crímenes.

Barack Obama avanza hacia la conclusión de la mitad de su segundo y último periodo como presidente. Cuando entró a la Casa Blanca, en 2009, recibió una conducta inmoral e hipócrita por la cual él no es responsable. Pero lo será si no hace nada para cambiarla.

En sus manos está hacer algo para que sea recordado como alguien diferente a su predecesor. Lo primero sería disponer la libertad inmediata e incondicional de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Sí se puede y él lo sabe. Y también sabe que si no lo hace, la historia no lo perdonará.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor, mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

* Es doctor en filosofía y letras. Entre 1993 y 2012 fue presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.