reo, sin temor a equivocarme, que las noticias que más impacto han tenido en la sociedad mexicana durante las últimas semanas han sido las referentes a la aparición pública y las acciones de las autodefensas surgidas en Michoacán y Guerrero, como respuesta a la incapacidad del Estado de asumir una de sus funciones más elementales: asegurar la integridad de los ciudadanos, así como sus derechos más básicos, incluyendo el respeto a la propiedad.
¿Cuánto tiempo será necesario para que este fenómeno comience a replicarse en otras partes del país? Me temo que no mucho, pues sabemos de situaciones similares a las que le dieron origen, en varias entidades de nuestra República, como Tamaulipas y Sinaloa; sin embargo, el problema es mucho más extenso, aunque en varios estados los gobiernos lo traten de ocultar y sólo sale a la luz cuando ocurren verdaderas tragedias. Así están entidades completas como Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, en el norte del país; Morelos, en el centro, y Chiapas, en el sur, mientras en otros estados los delincuentes se dedican al redituable negocio de vender protección con la complicidad de funcionarios locales, como es el caso del mismo Nuevo León y Veracruz, donde han ocurrido recientemente enfrentamientos armados tanto en la ciudad de Xalapa como en el puerto de Veracruz.
En estas condiciones de inseguridad e impunidad crecientes, lo que surge cada vez con mayor claridad es que la nación entera está caminando por el sendero equivocado de la violencia, cuyo destino no puede ser otro que el de la destrucción y la muerte. Uno puede decir que la aparición de las autodefensas es totalmente justificada ante la incapacidad mostrada por el gobierno para asegurar el estado de derecho y el respeto a la vida de los ciudadanos, pero cuando vemos las fotos de cientos de hombres y mujeres armados para defenderse ante el crimen organizado, las dimensiones de nuestra tragedia presente y futura cobran sentido, pues el camino de las armas y la violencia jamás ha sido la solución al problema. Por el contrario, el único camino posible es que tanto el gobierno como la población en su conjunto dejemos de pensar en las armas y digamos no a los mercaderes de la muerte.
En Remolino, su libro más reciente, Sergio Aguayo incluye una serie de datos de gran importancia para analizar la situación actual del país, mostrando los resultados de investigaciones realizadas por algunas instituciones académicas estadunidenses, los cuales indican que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se estuvieron vendiendo e internando a nuestro país un promedio de 85 mil armas de fuego anuales, en mayor parte automáticas y de alto poder de destrucción, incluyendo metralletas, lanzamisiles, morteros y explosivos, lo cual da un total de más de medio millón de armas durante todo ese sexenio. En el país deben existir hoy más de 700 mil armas de alto poder (sin incluir desde luego las de las fuerzas armadas), cuya utilización no tiene otra finalidad que la destrucción y la muerte. Por ello no es sorprendente que aun el Ejército y la Marina resulten insuficientes para enfrentar el problema.
Siendo Estados Unidos el principal fabricante de armas en el mundo y conociendo su proclividad a la búsqueda de soluciones por vías violentas, resulta claro que este problema se originó y creció, hasta llegar a la situación actual, como un efecto secundario de nuestra vecindad con los estadunidenses. En Remolino, Sergio Aguayo da a conocer las cifras de guardias fronterizos para cuidar sus límites con nuestro país y detener a quienes intentan internarse en Estados Unidos, comparándolas con las de guardias destinados a controlar el tráfico de armas hacia México, encontrando que éstas han sido entre simbólicas y nulas. Una pregunta a la que tenemos derecho a una respuesta del actual gobierno es: ¿qué se está haciendo ahora para impedir que este fenómeno continúe?
Durante el gobierno de Calderón comenté en varias ocasiones su actitud irresponsable y mentirosa, al pretender combatir el narcotráfico mientras permitía que éste fuera abastecido por los comerciantes de armas estadunidenses; su respuesta demagógica fue irse a parar frente a un cartel donde se protestaba por ese hecho conocido de todos, como si el Presidente de la República no tuviese otros medios efectivos para presionar al vecino gobierno y evitar los daños predecibles en las vidas humanas en nuestro país, conformando así un delito por el que debiera ser juzgado. ¿Cuánto dinero y qué beneficios recibió el señor Calderón por las omisiones que hoy tienen al país en un estado de incertidumbre cercano a la guerra y con una estela de muerte que cubre todo el territorio nacional? ¿O es que se trató de un caso de incapacidad absoluta para enfrentar el problema? Si esto hubiera sido así, era su deber manifestarlo y presentar su renuncia para que otros se encargasen del asunto. Como no lo hizo debiera ser juzgado por su responsabilidad en el desastre actual.
Hoy vemos, así, que para miles de hombres y mujeres de Michoacán y Guerrero la única alternativa posible ha sido adquirir sus propias armas para enfrentarse a los delincuentes ante el vacío de poder gubernamental. Lo entendemos y es posible que lo veamos como un ejemplo; sin embargo, es necesario reflexionar a dónde nos conduce esto, ¿cómo evitar que estos movimientos terminen siendo infiltrados y manejados por los mismos delincuentes, como parece haber pasado con las mismas policías y otras instituciones?
Lo que hoy indudablemente estamos viviendo es resultado de los pésimos gobiernos que hemos tenido, los cuales se la pasaron hablando de sus triunfos imaginarios contra la delincuencia organizada e ignorando la realidad que desde luego conocían, pensando que tarde o temprano se acabaría, lo cual nos ha llevado a la más grave crisis social después de la Revolución. La responsabilidad de resolver este problema recae ahora en el actual gobierno, ¡de nadie más! Ciertamente la sociedad mexicana en su conjunto debemos apoyarlo, pero para ello es necesario que éste tenga credibilidad y transparencia, que actúe con soluciones que indiquen firmeza, visión, patriotismo y voluntad política, que sus acciones nos muestren con claridad su intención de asegurar la paz y la tranquilidad del país, garantizando a la población que sus derechos e intereses legítimos serán respetados, y que el estado de derecho quedará pronto restablecido; es en los tiempos de crisis cuando los gobernantes tienen la oportunidad de mostrar su estatura y de pasar a la historia.
En este contexto, tengo la impresión de que las formas en que se ha venido manejando el caso de Michoacán han sido erráticas y desgraciadamente poco afortunadas. Por ello, me atrevo a proponer más un camino de distención y de amnistía para quienes se han visto obligados a organizarse y a defenderse desde la sociedad civil, y aun para quienes habiendo participado en las actividades delictivas del narcotráfico no han cometido crímenes graves, ni han colaborado desde puestos gubernamentales con las organizaciones criminales.
Twitter: @ecalderonalzat1
