abía usted que 62 de cada 100 mexicanos que trabajan ganan menos de 6 mil pesos al mes? ¿Que somos el país peor calificado en América Latina respecto de las condiciones salariales? ¿Que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que cotidianamente presumimos pertenecer, estamos en el último lugar en materia de crecimiento, igualdad y salarios? ¿Que 40 millones de jóvenes menores de 17 años viven en la pobreza y que, obviamente, al no tener nada que perder, son candidatos naturales para la criminalidad y la violencia?

Día a día se acumulan los datos que exhiben a México como un ejemplo de desigualdad social, lo cual se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana: educación, nutrición, medio ambiente y seguridad. Nuestra condición de ser un país de pobres contrasta con los escaparates lujosos, los centros de consumo y las zonas residenciales fastuosas, que no representan el México real; la inmensa mayoría de la gente está en otro lado.

La desigualdad es sin duda el principal problema en nuestro país, el tema es tan grave que los gobiernos, los partidos, las iglesias y las organizaciones intermedias de la sociedad deberían convertirlo en el punto central de su quehacer institucional. Las llamadas reformas estructurales que hoy se discuten deben encontrar su explicación en esta perspectiva. ¿Cómo va a coadyuvar a la igualdad la reforma en materia de telecomunicaciones? ¿La reforma energética en qué medida reduce este mal?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de Naciones Unidas, ha hecho un llamado urgente en su reunión celebrada la semana pasada en Perú, planteando la necesidad de que los países apuesten por pactos sociales que promuevan el desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental. Los acuerdos que propone van orientados a reducir las altas tasas de informalidad laboral, los bajos niveles de inversión con incorporación de progreso técnico, el déficit de servicios públicos y la presión sobre el medio ambiente. La palabra clave es igualdad que debe constituir el valor fundamental y el fin último para la reorientación de dicho desarrollo.

La CEPAL y la Organización Inter-nacional del Trabajo, entre otros organismos, coinciden en señalar que un elemento fundamental que explica la desigualdad en la realidad mexicana deriva de una política salarial que, por su extrema contención, se ha convertido en un problema que no sólo hiere a la mayoría de los mexicanos y los condena a una baja calidad de vida, sino que también impide cualquier avance hacia un auténtico desarrollo, lo que en otras palabras quiere decir crecimiento con igualdad. La convicción de que esta política salarial está impidiendo toda posibilidad de recuperación del mercado interno, que está lesionando al resto de las políticas públicas y, a su vez, destruyendo el medio ambiente, ha llevado a los gobiernos a levantar una voz de alerta; sin embargo, todo se ha reducido a múltiples declaraciones y no se han asumido los mecanismos para transitar hacia un cambio, sino por el contrario, se siguen adoptando políticas que van en sentido opuesto; son prueba de ello las negociaciones salariales del presente año, que han sido de las peores en la historia laboral, en las que las autoridades del trabajo asumieron un papel activo para preservar el tope; por ejemplo, en el sector educativo se impuso un incremento de 3.5 por ciento, menor aún que la inflación oficial de 3.9 por ciento, que como dijeron los profesores sólo alcanza para seis tortillas o boleto y medio del Metro.

Si bien la política salarial deriva del plan económico general, los gobiernos locales pueden avanzar en esta materia, por ello es importante la convocatoria del jefe de Gobierno del Distrito Federal para discutir el tema y llevarlo próximamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Su convocatoria se fortalecería si concretara avances en su propia esfera de gobierno, mediante mejoras salariales que pueden a su vez combinar esfuerzos de profesionalización del servicio público, especialmente entre los trabajadores de base que han sido condenados a una situación de bajos rendimientos, bajos salarios y rigidez en sus condiciones de trabajo. Andrés Manuel López Obrador, durante su administración, aplicó una política salarial que definió como inflación más dos, esto es, los trabajadores al servicio del gobierno de la ciudad lograron esa recuperación, que de haberse mantenido, hoy representaría un incremento del orden de 30 por ciento. La iniciativa de los gobiernos para promover una mejor política salarial a partir de los servidores públicos ha sido llevada a cabo en otros países, destacando recientemente la decisión del presidente Barack Obama de mejorar el salario mínimo de los empleados públicos federales para impulsar en el mercado de trabajo una mayor recuperación.

Si es casi unánime el reconocimiento de que la política salarial se ha convertido en un problema toral, la tarea elemental es discutir las medidas para transitar hacia el cambio. Una de ellas es eliminar rápidamente al salario mínimo como referente en la fijación de servicios, multas o asignaciones presupuestales. En estos días diversos legisladores han planteado un punto de acuerdo para promover sin dilación este cambio normativo. En este sentido, las leyes que hoy se discuten en el Congreso, como la electoral o la relacionada a la pensión universal, deberían sustituir el salario mínimo como referencia, señalando en su lugar otro, como el relativo al índice del costo de vida. Habría que tomar en cuenta experiencias como la de Uruguay en 2005, donde sin mucha dilación se llevó a cabo esta reforma legislativa para evitar que el incremento del salario mínimo fuera el referente para fijar otro tipo de políticas de costo o gasto, así se dio paso a una mejora salarial que ha favorecido la economía y la calidad de vida de la gente.

En este debate debe desecharse el argumento simplista de que el incremento salarial, por sí mismo, es fuente de inflación y valorar la experiencia internacional, reconociendo que una nueva política salarial debe estar vinculada a otras medidas colaterales que consideren la diversidad entre ramas de industria y regiones. Nadie está planteando una recuperación total del salario de la noche a la mañana, pero es obvio que se trata de un proceso en el que se debe avanzar, nunca retroceder.