Cogestión de cuencas

Entre la utopía democrática
y el desdén oficial

Luis Rey Carrasco Linares Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo -Unidad Regional Universitaria Sursureste. Vocal titular del Sector Académico ante el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta [email protected]

ILUSTRACIÓN: Greenpeace

Aunque limitados en su alcance por su carácter consultivo, los Consejos de Cuenca son instancias diseñadas para la cogestión del agua. En el país operan 26 Consejos de Cuenca que la aún vigente Ley de Aguas Nacionales define como órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.

En el territorio que corresponde al Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta contrastan altos índices de marginación social con una gran riqueza natural y cultural: concentra 30 por ciento de los escurrimientos del país; 40 por ciento de su capacidad hidroeléctrica y 64 por ciento de su biodiversidad, con menos de cinco por ciento de su territorio.

A pesar de una falta de impulso a nivel oficial, la sociedad se mueve y crea espacios de participación y negociación. Muestras de esta vitalidad incluyen al Movimiento de Chiapanec@s en Defensa del Agua, que ha generado un referéndum cuestionando la privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez, y ha presentado una propuesta integral para lograr su buen funcionamiento como entidad pública con participación ciudadana.

El movimiento comunitario en Chicomuselo (Chiapas) ha declarado sus territorios libres de presas y minería tóxica. Los pueblos rurales y originarios de Tabasco están luchando contra la contaminación de sus aguas y la inundación permanente de sus tierras. En la cuenca Motozintla avanzan procesos ciudadanos para la gestión del riesgo de desastres, y los Comités de Cuenca en los ríos San Pedro-Missicab, Almandros-Oxolotán y Chacamax y Valle de Jovel están realizando procesos de planeación y gestión de sus tierras y aguas.

Estos procesos sociales están articulados con redes de investigación-acción, como son la Red de Investigadores Sobre el Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF), el Proyecto Fondo Institucional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt)-Cuenca Grijalva y el Seminario Internacional Grijalva-Usumacinta.

Muchos de los participantes en estos procesos convergen en la Asamblea General de Usuarios del Agua de Chiapas y Tabasco. Este espacio ha permitido una participación articulada, crítica y propositiva, para frenar imposiciones y lograr acuerdos. Como ejemplo, por medio del Seminario Internacional Grijalva-Usumacinta, el propuesto Programa Hídrico Regional Visión 2030 para la región (Conagua, 2012), está pasando por el tamiz de los conocimientos científicos y las experiencias y saberes locales.

Nuestra experiencia nos muestra que se requiere de espacios en donde los ciudadanos podamos participar directamente en la toma de decisiones sobre el agua en el territorio. Se requiere de consejos de cuenca que cubran territorios menos extensos. Se requiere construir su legitimidad desde lo local, abriendo las instancias de microcuenca a la participación de todos los habitantes, con representantes elegidos directamente a nivel subcuenca y cuenca. Sus planes y acuerdos deben ser vinculantes. Y se requiere promover nuestra identidad como ciudadanos de las cuencas.

Ante el desdén oficial, en Grijalva-Usumacinta y en todo el territorio nacional, los crecientes conflictos por el agua abren sus propios cauces de expresión y construyen la plataforma social para la resolución colectiva de los asuntos del agua en México.

Chiapas Valle de Jovel: potencial y límites en la colaboración ciudadanos-gobierno Teresa Zepeda Coordinadora del grupo de trabajo de Capacitación y Organización del Comité de Cuenca Valle de Jovel, y coordinadora de Alianza Cívica Chiapas Dada la importancia del agua en la vida, se requiere nuestra participación para la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio que habitamos. La actual Ley de Aguas Nacionales especifica que la ciudadanía puede colaborar por medio de los Comités, Comisiones o Consejos de Cuenca. Estas instancias son órganos colegiados de integración mixta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por microcuenca, subcuenca y cuenca, respectivamente. Los Comités de Cuenca permiten atender problemáticas muy específicas a nivel local. Al 31 de diciembre de 2011, se habían instalado 41 comités en el país, según señala el Atlas Digital del Agua México (Conagua, 2012). De éstos, 15 se encuentran en Chiapas. Valle de Jovel es una cuenca tributaria del río Grijalva, que comprende cinco municipios de Chiapas: Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán. La parte más alta se ubica a dos mil 880 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la más baja a dos mil 110 msnm. El Comité de Cuenca Valle de Jovel fue instalado el 5 de junio de 2007. Pasaron dos años para que fuese nombrada su gerencia operativa, la cual se encargó de convocar a los diferentes sectores de usuarios y organizaciones sociales para darle una estructura. La redacción de su reglamento interno comenzó en 2008, y no terminó hasta febrero del 2012, en parte por la polémica de cuántos representantes de sectores debían ser incluidos. Finalmente, se acordó integrar a 16 representantes de sectores de la sociedad: académicos, centros de investigación y culturales (uno); organizaciones civiles: de derechos humanos, ecologistas, de desarrollo social, de salud y de mujeres (cinco); usuarios para comercio y servicios, industriales y público urbano (tres); organismos operadores independientes (uno); patronatos de agua potable (uno); organizaciones agrícolas (uno); barrios y colonias de las zonas norte, sur, oriente y poniente (cuatro). De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es el único Comité de Cuenca que cuenta con un reglamento interno. De diciembre de 2009 a mayo de 2010, se realizó un proceso participativo para generar el Plan de Gestión del Comité de Cuenca, el cual, con base en recorridos de diagnóstico y el análisis de información existente, propone las estrategias y acciones para lograr el funcionamiento óptimo de la cuenca. Este espacio de coordinación entre gobierno y ciudadanía ha sufrido por no ser vinculante ni prioritario para las dependencias gubernamentales, cuyos representantes han acudido a las sesiones como rutina de trabajo, sin dar seguimiento a los acuerdos. No han elaborado programas operativos interconectados para instrumentar el Plan; tampoco ha habido los recursos financieros suficientes para proyectos a mediano plazo. Sin embargo, por iniciativa propia, los sectores sociales del Comité han desarrollado proyectos con impacto social, como el monitoreo de calidad del agua en la red de distribución de San Cristóbal de Las Casas. De junio a diciembre del 2012, se tomaron muestras en 16 sitios --manantiales, tanques elevados y pozo profundo-. Como resultado, los sectores sociales del Comité pidieron acciones correctivas y recomendaron ampliar los puntos de muestreo y los parámetros fisicoquímicos monitoreados. También se acordó realizar un proceso de validación de datos de las instituciones públicas encargadas con el monitoreo de calidad del agua, para posteriormente diseñar una Red de Monitoreo y Calidad del Agua. Desafortunadamente, los representantes gubernamentales empezaron a posponer las reuniones acordadas para este fin, hasta lograr desgastar la iniciativa ciudadana. En el 2013 y lo que va de este año, el espíritu del desánimo y desinterés se ha sentado en el Comité, derivado de la paralización institucional que ocasionó el cambio sexenal de gobierno federal y estatal. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales especifica que la Conagua “convocará a las organizaciones (…), ejidos y comunidades, instituciones educativas, (…) para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones en materia del agua y su gestión”, existe un muro y silencio impenetrable, mientras que las aguas corren cuenca abajo, erosionando la tierra, desangrando y contaminando la Madre Naturaleza, y poniendo en riesgo nuestro mayor tesoro, la vida de nuestros ecosistemas.

Cuencas y ciudades

Helena Cotler Directora de Manejo Integral de Cuencas.  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Rossana Landa Coordinadora, Programa de Conservación de Cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida 
Luisa Paré Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Sendas y Asamblea LAVIDA.Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida

Hoy en día México es un país urbano; el 72 por ciento de la población vive en ciudades, las cuales consumen una gran cantidad de bienes (agua, alimentos, fibras, madera) producidos y transportados desde ámbitos rurales. Generan enormes cantidades de desechos que contaminan ríos y arroyos e impactan ecosistemas. Requieren de servicios ambientales para prevenir inundaciones y erosión, así como para regular procesos hidrológicos.

En las décadas recientes las ciudades han crecido sin una planeación que asegure el abasto de estos bienes y servicios ambientales suficientes a sus exigencias. Sin tomar medidas para un aprovechamiento eficiente, demandan la importación de agua vía trasvases, afectando el abasto a comunidades rurales y la sustentabilidad de otras cuencas.

ILUSTRACIÓN: Greenpeace

Esta situación responde a un modelo extractivo de gestión de agua que considera a este recurso como infinito y desligado de la integridad y el funcionamiento de los ecosistemas circundantes. Así se ha alterado drásticamente el ciclo hidrológico, al disminuir la capacidad de infiltración, de recarga y de depuración por medio de sucesivas intervenciones con infraestructura, sin las debidas consideraciones ambientales. Se extrae más agua de la que el ciclo hidrológico es capaz de proveer de manera sustentable.

Este modelo de extracción en torno a grandes urbes está ejerciendo presión en muchas cuencas del país, por ejemplo, en las subcuencas que conforman el Sistema Cutzamala para llevar agua a la Ciudad de México; sobre la cuenca del Pánuco para abastecer a la ciudad de Monterrey (proyecto Monterrey VI), y sobre las aguas del río Sonora y río Yaqui para la provisión de agua a Hermosillo vía el acueducto Independencia.

El modelo de extracción también implica la generación de desechos. Se estima que en México se da tratamiento a sólo 15 por ciento de las aguas residuales, por lo que cada año se descargan alrededor de 12 mil millones de metros cúbicos de agua contaminada a los distintos cuerpos de agua (Arreguín, 2004). El tratamiento y reúso local de estas aguas reduciría gran parte de las presiones sobre el ambiente, tanto para la provisión del recurso como para la asimilación de los contaminantes.

Ante escenarios de incremento en la demanda de agua y ciclos hidrológicos cada vez menos predecibles debido al cambio climático, se ha vuelto más complejo y urgente lograr una buena gestión de nuestras fuentes de agua, lo que conlleva una planeación de las actividades productivas y económicas. De allí la importancia de construir planes rectores que guíen el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades sin detrimento de los ecosistemas terrestres e impulsando la participación y la equidad social.

Los ecosistemas se sostienen por la interacción continua de sus componentes en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto, es imposible solucionar un problema ecosistémico manipulando sólo un componente: el agua. Apremia un cambio de paradigma hacia una visión más integral. En este sentido, un enfoque de cuenca (Cotler, 2007) nos permitirá entender las interrelaciones entre la población humana y los recursos naturales.

Las cuencas sanas, además de ser el territorio de quienes se organizan, viven y trabajan allí, permiten mejorar la disponibilidad de agua, respondiendo con esto al mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Constitución (la reforma al Artículo Cuarto, en febrero de 2012) de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento; regular el flujo hidrológico y disminuir inundaciones por eventos hidrometeorológicos extremos, y crear mejores condiciones para la adaptación frente a sequías ocasionadas por el cambio climático.

Pero este nuevo paradigma también requiere de una nueva gestión del agua que transite de un modelo extractivo a uno sustentable, lo cual implica cambiar la lógica de uso del agua para priorizar las necesidades humanas básicas antes que las industriales-extractivas, identificando e internalizando los impactos sobre el agua que cada actividad genera y reconociendo las interrelaciones que éstas mantienen en el territorio.

Para lograrlo se requiere de una gobernanza del agua con amplia participación ciudadana, activa, exigente, vigilante y responsable, y así superar una visión administrativa y coercitiva basada en reglamentos, que no son respetados por la misma autoridad y tampoco son asumidos como una responsabilidad compartida.

Se requiere de una nueva institucionalidad que respete a las organizaciones comunitarias, y espacios de participación social desde el nivel de barrio urbano o comunidad rural, de subcuencas y de cuencas. El enfoque de cuenca es necesario para superar las actuales descoordinaciones sectoriales y entre gobiernos municipales. Además, este enfoque ofrece la oportunidad de acciones conjuntas entre gobierno y sociedad civil para elaborar e implementar soluciones eficientes, equitativas y sostenibles a los problemas hídricos y de desarrollo; de cuenca arriba hacia cuenca abajo en el sentido geográfico y, de abajo hacia arriba en el sentido socio ambiental, buscando resolver la mayoría de los problemas a nivel local.

Los pueblos originarios
en una nueva ley de aguas

Francisco Peña

Una proporción significativa de los territorios de los pueblos originarios se localiza en las partes altas –los parteaguas- de las sierras que atraviesan el territorio nacional, en donde se precipitan millones de metros cúbicos de agua al año. Los territorios indígenas ocupan el 67 por ciento de la superficie donde llueve más de cuatro mil 500 milímetros anuales en nuestro país (Boege, 2008), esto es las montañas que reciben los huracanes tanto del Pacífico como del Golfo de México.

Esas lluvias humedecen, escurren o se infiltran para aflorar posteriormente como manantiales y ojos de agua y para alimentar ríos, lagunas y esteros aprovechados para múltiples actividades sociales y productivas. El agua que circula por el territorio de los pueblos originarios es repartida, disfrutada y protegida mediante sistemas normativos comunitarios.

En parajes y caseríos mestizos en todo el país el acceso al líquido es a partir de normatividades propias, cuya fuente de autoridad proviene del interior mismo del grupo social.

La normatividad local de estos pueblos forma parte de la reivindicación de los derechos colectivos, sostenidos en su identidad cultural, y reconocidos por el derecho internacional.

El acceso a esa agua es ejercido –con múltiples variantes- como un derecho por pertenecer a la comunidad y vivir en el lugar. Este principio es violado cuando actores externos buscar separar el agua del territorio donde se precipita y escurre, para convertirla en un recurso de propiedad estatal, capaz de ser puesta en el mercado como cualquier otra mercancía, a menudo alegando el “interés público”.

Una nueva ley de aguas en México debe reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios en la gestión de las aguas y permitir su intervención en las instancias locales y regionales de administración. Debe proteger las aguas y lugares sagrados como manantiales y lagunas, y valorar los conocimientos ancestrales.

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