Coahuila

Participación privada
en organismos operadores

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS)

La privatización de los sistemas de agua y saneamiento ha adoptado diversas formas pero presenta una constante: el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas, convirtiéndolas en fuentes de lucro para el capital.

Más de dos décadas de experiencias acumuladas de privatización de los sistemas de agua en todo el mundo demuestran que los resultados obtenidos difieren mucho de los compromisos pactados entre los gobiernos y las empresas privadas: a) las empresas han invertido menos de lo esperado; b) los precios de los servicios han aumentado; c) el agua en muchas ocasiones es de mala calidad; d) se han dado muchos casos de corrupción; e) los sindicatos se han debilitado; f) la rendición de cuentas se reduce y hay poca transparencia; g) la supervisión de las empresas privadas ha sido más difícil que la de los organismos municipales; h) no se han aplicado sanciones ni rescisión de contratos por incumplimiento; e i) al perseguir sus utilidades, las empresas ignoran aspectos sociales y ecológicos.

En muchos países los aspectos negativos han dado lugar a la cancelación de los contratos de privatización, y la remunicipalización ahora es una tendencia a escala mundial.

Uno de los casos más exitosos de remunicipalización es del sistema de agua de París, sede de las dos trasnacionales más grandes del sector agua, Suez y Veolia, en 2010. La nueva empresa pública –Eau de Paris- ha demostrado ser un proveedor eficiente, transparente y responsable social, laboral y ambientalmente. En su primer año logró un ahorro de 35 millones de euros, lo que permitió reducir las tarifas en ocho por ciento; además, ha otorgado dotaciones solidarias de agua a más de 40 mil hogares de bajos ingresos y ha establecido asociaciones de solidaridad con varias ciudades de países en vías de desarrollo.

En América Latina se han dado varias experiencias de remunicipalización, la más conocida de las cuales es la de Cochabamba, Bolivia, en donde los abusos (en especial el aumento de tarifas y la privatización del agua de lluvia) cometidos por la empresa Bechtel, a cargo del sistema de agua de 1993 a 2000, desataron una serie de protestas conocidas como “La guerra del agua”. El gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel, a lo cual la empresa respondió con un proceso legal para reclamar 25 millones de dólares de indemnizaciones por daños. Finalmente retiró la demanda después de intensas protestas de los bolivianos y a nivel mundial.

En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha promovido desde 2001, por medio de su programa Promagua, la participación privada en los sistemas de agua, mediante tres esquemas diferentes: concesiones, contratos de servicios y empresas mixtas.

En Saltillo se creó en 2001 la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal) después de un oscuro proceso de licitación.

A pesar de que Agsal presume ser una empresa de éxito, los usuarios han resentido los aspectos negativos de la gestión de la empresa, entre otros: a) no se respeta el carácter público del servicio y el derecho humano al agua; b) Aguas de Barcelona, dueño de 49 por ciento de las acciones de Agsal, tiene el control administrativo y técnico, y ha convertido el agua en un negocio muy redituable; c) las tarifas por consumo han sufrido siete aumentos indebidos—además de los mensuales por inflación: d) se han aplicado cobros indebidos y un gran número de cortes; e) se han violado la Constitución, y otros ordenamientos legales; f) la falta de potabilidad ha propiciado el consumo de agua embotellada; g) a pesar de la sobre explotación de los acuíferos, se suspendieron las campañas de ahorro; h) se ha presentado información falsa e incongruente, i) las autoridades municipales han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas.

En Ramos Arizpe, población vecina de Saltillo, se aprobó a finales del 2012 –en forma atropellada e ilegal- la formación de la empresa mixta Aguas de Ramos Arizpe (Agra), en la que Agsal participó con 48 por ciento de las acciones. Agra empezó a operar el uno de enero de 2013, y en poco más de un año sus abusos (principalmente cobros arbitrarios de adeudos, aumentos en las tarifas y cortes) provocaron un gran malestar entre los ramosarizpenses, quienes realizaron manifestaciones y presentaron amparos y quejas. El clamor popular fue tan grande que el candidato a alcalde para 2014-2017, Ricardo Aguirre, prometió en su campaña remunicipalizar el sistema de agua, lo que se logró en forma definitiva el 11 de abril de 2014.

La privatización de los organismos operadores de agua se está expandiendo a otros estados del país, empezando por Puebla. Es necesario difundir las experiencias de los usuarios, y encontrar alternativas para lograr una efectiva participación y control ciudadano sobre estos sistemas de los cuales nuestras vidas dependen.

Distrito Federal La privatización del agua a favor de trasnacionales Delia Montero Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa Jaime Rello UPREZ La privatización del agua ha avanzado en el Distrito Federal desde 1996, por medio de concesiones a cuatro trasnacionales con ligas con corporaciones mexicanas. Con una división de la ciudad en zonas, se otorgaron contratos de concesión a cuatro empresas, los cuales vencen el próximo año: Proactiva Medio Ambiente SAPSA, filial en México asociada a ICA, de la trasnacional francesa Vivendi-Veolia, que opera en 77 países; Industriales del Agua de la Ciudad de México, filial en México asociada al Grupo Peñoles, de la trasnacional Suez, empresa francesa cuyo incumplimiento y malas cuentas han provocado la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Argentina y Montevideo y Uruguay; Tecnologías y Servicios del Agua, también perteneciente a Suez, y Agua de México de United Utilities, la compañía británica más poderosa de Inglaterra. Los contratos abarcaban tanto el sistema comercial (medidores, facturación y cobro) como obras de infraestructura y el programa de sectorización. Lo anterior condujo a constantes cortes de agua domiciliaria por toda la ciudad en violación de la Ley General de Salud. Ahora, la privatización se profundiza con Plan para el Agua de Futuro, anunciado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) el 26 de marzo. Mediante la descentralización del Sacmex, a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se busca concesionar la instalación de medio millón de nuevos medidores, cambios en la tubería y la facturación y garantizar pagos a las trasnacionales por cada metro cúbico que recuperen de fugas de las redes primaria y secundaria. Además, Sacmex busca dar nuevas concesiones por 15 años sin una evaluación pública de las concesiones anteriores. En varias ciudades francesas, por ejemplo, se hacen contratos de tres o cuatro años previa licitación y antes del término son los usuarios quienes evalúan y deciden si se renueva el contrato o no. Concesiones a largo plazo no sólo debilitan la posibilidad de presionar a las empresas por incumplimiento, sino que dejan al gobierno vulnerable a demandas exorbitantes en tribunales internacionales en caso de que las empresas sientan que sus utilidades esperadas pudieran ser afectadas por cambios en la normatividad, o incluso por cancelación de sus concesiones por cualquier causa. La infraestructura hidráulica de la ciudad con base en la cual estas empresas generarían sus ganancias ha sido financiada con los impuestos, y en el caso de las colonias populares, con el trabajo y las aportaciones de los propios usuarios. Frente a la falta de información y confiabilidad en la calidad del agua distribuida y cobrada como “potable”, los habitantes de la Ciudad de México gastan anualmente más de cuatro mil millones de pesos en la compra de agua embotellada. Todas las tareas que se busca concesionar pueden ser manejadas eficientemente por técnicos mexicanos al servicio de sistemas públicos, sin tener que garantizar el pago de utilidades a empresas extranjeras. Podrían aprovecharse programas como el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, que ha logrado innovaciones sorprendentes en materia de control de fugas, calidad de agua y técnicas para el ahorro en el consumo. En la Ciudad de México se abre un incipiente proceso de evaluación ciudadana desde el Programa de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal, que exige una amplia evaluación de la población sobre la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad y la no discriminación por parte de las cuatro empresas, antes de tomar decisiones en cuanto a la firma de nuevas concesiones en 2015. Finalmente somos los usuarios los que debemos decidir. ¿Frenaremos los habitantes de la Ciudad de México la ruta desventajosa que en el resto del mundo está siendo superada?

Estado de México

Tecámac: experiencia ciudadana
en la gestión del agua potable

José Ricardo Ovando Ramírez Comisionado de Prensa y Propaganda de la Secretaría de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, AC

Los más de dos mil 500 sistemas ciudadanos de autoabasto de agua potable que hoy operan en México, son el resultado de décadas de trabajo autogestivo comunitario, por un lado, y del descuido y falta de interés del Estado, por el otro.

En este espacio nos centraremos en los sistemas independientes de agua que hoy operamos en lo que fueron las riberas del lago Xaltocan, siendo uno de cinco antiguos lagos (con Chalco, Texcoco, Xochimilco y Zumpango) que rodeaban la gran México-Tenochtitlan. El Sistema Independiente de Tecámac tiene como origen varios sucesos de devastación ambiental que dejaron una huella profunda en la cuenca de México. El primero fue la política de trasvase inaugurada en la época de la Colonia (1608) con la perforación del túnel de Nochistongo, para prevenir las inundaciones que resultaron de la destrucción de las obras de ingeniería hidráulica indígena. Siguieron otras más faraónicas, como los túneles de Tequixquiac (1900 y 1942), el Sistema de Drenaje Profundo (1975) y, ahora, con un avance físico de 26 por ciento a un costo hasta la fecha de 22 mil millones de pesos, el Túnel Emisor Oriente (TEO).
Con estas obras, la política indígena de aprovechar el agua de la cuenca en la misma cuenca fue imposibilitada y, con la excepción de Tláhuac y Xochimilco, el siglo XX fue testigo del trágico fin de su sistema de producción alimentaria y de vida lagunario.

A principios del siglo XX muchos pueblos ubicados en las riberas del lago de Xaltocan, Tecámac entre ellos, todavía pescaban y cazaban aves migratorias sobre los últimos remanentes lacustres. Pero la desecación final en la década de 1950 obligó a los pueblos ribereños a depender de los vasos captadores de agua de lluvia de origen indígena, los jagüeyes, hasta que aberrantes decisiones políticas fueron destruyendo estos vasos captadores. En Tecámac, por ejemplo, el jagüey Tlatepingo, el más importante de la comunidad, fue destruido en los 60´s para construir una plaza de toros que ahora se inunda en cada temporada de lluvias.

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado los siempre previsores pueblos de la región, con recursos económicos propios, empezamos a perforar nuestros primeros pozos y a incrementar nuestras redes para cumplir con el crecimiento natural de la población.

A finales de los 90’s, nos fue impuesta una nueva política de urbanización salvaje sobre nuestras tierras forestales, agrícolas y de recarga de acuífero, y el gobierno inició una guerra para tomar el control de nuestra agua para beneficio de las empresas inmobiliarias. Para defendernos, tuvimos que transformarnos de simples comités ciudadanos de agua a asociaciones civiles para contar con la personalidad jurídica para emprender juicios ante los tribunales del Estado. En los estatutos hicimos explícito que nuestro sistema no tiene fines de lucro, sino sociales que incluyen la defensa ecológica del territorio y del agua.

Nuestra forma de gobierno se basa en los usos y costumbres reconocidos en el Artículo Segundo Constitucional y en el Código Civil. Realizamos asambleas del pueblo en donde tomamos decisiones para mejorar nuestros sistemas de agua, y en donde cada tres o cuatro años renovamos mesas directivas.

En Tecámac, nuestro sistema de planeación se basa, esencialmente, en el mejoramiento de la infraestructura (pozos y redes). Las decisiones presupuestarias las toma el Consejo de manera democrática, gastando sólo lo que se ingresa por consumo y por la instalación de tomas nuevas (que son nuestra única fuente de ingreso). Las tarifas se deciden en la asamblea general de usuarios asociados. En toma domestica, por ejemplo, cobramos 150 por ciento menos que las zonas en donde opera el organismo del gobierno municipal. Las tarifas diferenciadas por distintos usos nos han servido para cobrar el consumo del vital líquido según la capacidad de pago. Aunque aproximadamente 40 por ciento de usuarios asociados no pagan sus consumos, el sistema es autofinanciable.

Cada comisión que integra el Sistema de Agua presenta informes anuales en las asambleas de usuarios asociados, los cuales están a disposición de ellos siempre y cuando los soliciten por escrito. No hemos permitido la injerencia del gobierno municipal en los asuntos internos de los sistemas ciudadanos, más ahora que aquél ha seguido una política de “divide y vencerás”. Pero también hemos emprendido acciones conjuntas, como cuando promovimos un juicio de amparo contra la ya derogada Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (22 de julio de 2011) que pretendía desconocernos y despojarnos de nuestra infraestructura.

Para nosotros es claro que los gobiernos del neoliberalismo, defensores a ultranza de la privatización de todo lo existente, nos ven como bichos raros que no merecemos existir por representar una forma de organización comunitaria que los ha desafiado al oponernos al reino del mercado y la globalización. Pero aun así, seguiremos impulsando la tenaz resistencia y una alternativa viable frente a esas erróneas y criminales políticas hídricas iniciadas desde la época de la Colonia. De no ser así, estaremos todos condenados a sufrir estrés o, peor aún, infarto hídrico.

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