Elena Burns Coordinadora de proyectos especiales del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editora de la revista Xantico

Los organizadores del Congreso de la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya habíamos determinado impulsar un proceso propositivo, cuando nos enteramos de que la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua exigía generar en 360 días una nueva Ley General de Aguas. Corría febrero de 2012, año de distracción legislativa. Después de una consulta rápida, decidimos asumir el reto: libres de las ataduras de la realpolitik, elaboraríamos la ley que México requiere, con base en las mejores ideas de las organizaciones y de los académicos más experimentados.

Formamos diez mesas temáticas para iniciar el diseño y culminamos con el Congreso Ciudadano en diciembre 2012. Como primer paso, consensamos una Agenda Nacional: garantizar en 15 años agua para ecosistemas, agua para tod@s; agua para la soberanía alimentaria, y fin a la sobreexplotación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones causada por el mal manejo del agua y el territorio.

En cumplimiento con el mandato constitucional de dar un papel a la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno, nos enfocamos en el diseño de instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la defensa y contraloría, desde el nivel local hasta el nacional, y en los nuevos instrumentos requeridos.

En el ámbito territorial, vimos la necesidad, en primer lugar, de garantizar los derechos de los pueblos originarios sobre sus aguas y tierras. Además, se requeriría de Comités de Microcuenca de acceso abierto, para diseñar y realizar proyectos de gestión del agua en el territorio. El consentimiento libre, previo e informado de estos Comités sería requisito para la autorización de cualquier proyecto con un potencial impacto hídrico en su territorio. Los Comités elegirían representantes (habitantes y especialistas) para las Comisiones de Subcuenca, las cuales estarían a cargo de la planeación y gestión, y para los Consejos de Cuenca, que propondrían el presupuesto federal hídrico anual, así como la reasignación de concesiones a aguas nacionales para lograr el acceso equitativo y sustentable.

Estas instancias generarían Planes Rectores, que definirían las obras, políticas y programas requeridos en cada cuenca para restaurar a los ecosistemas y los flujos superficiales y subterráneos, como garante de agua de calidad ahora y a futuro. Por estar elaborados en torno al derecho humano al agua, esos Planes Rectores tendrían que ser respetados por los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos.

El Consejo Nacional de Cuencas, compuesto por representantes de los Consejos de Cuenca, tomaría decisiones en cuanto a: el presupuesto anual, políticas y programas para lograr la soberanía hídricoalimentaria, la revisión de tratados con un potencial impacto hídrico y el nombramiento de la terna para el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Conagua ejecutaría los actos de autoridad requeridos para cumplir con los Planes Rectores y la reorientación del sistema de concesiones, exclusivamente, y por lo tanto, no requeriría de sus actuales Organismos de Cuenca.

Se vio la necesidad de fortalecer y priorizar los sistemas comunitarios de agua, y de ciudadanizar los Consejos Administrativos de los sistemas municipales y metropolitanos, garantizando en ambos casos su no privatización. Se prohibiría el uso industrial del agua de los sistemas municipales o comunitarios, fomentando su reciclaje y la política de cero descargas.

El agua tendría que recibir cinco por ciento del presupuesto federal, obligatoriamente para la ejecución de los planes consensados. Se establecería un Fondo Nacional para garantizar el financiamiento directo de proyectos autogestivos de comunidades sin acceso a agua o saneamiento.

Se prohibirían los trasvases; se buscaría su gradual reemplazo por proyectos que permitieran la auto sustentabilidad hídrica de las ciudades, y se garantizaría la reparación de daños y restitución para los pueblos afectados por los trasvases existentes.

Se pondría fin a la contaminación del agua y cuencas, empezando con la prohibición inmediata de las sustancias tóxicas, y se financiarían inspecciones oficiales y el monitoreo ciudadano vía un aumento en los derechos cobrados para usos no prioritarios de aguas nacionales.

Se establecería una Contraloría Social del Agua, con unidades auto organizadas a nivel municipal, de cuenca y nacional. Esta Contraloría realizaría evaluaciones anuales de los funcionarios públicos, vigilaría el funcionamiento democrático y transparente de las instancias de toma de decisión sobre el agua y las cuencas y realizaría monitoreos para garantizar el acceso sustentable y el no acaparamiento.

Para reducir los volúmenes dedicados al uso agrícola y priorizar la soberanía alimentaria, en cada cuenca se formaría un Comité para la Soberanía y Sustentabilidad Hídricoalimentaria, compuesto por consumidores, productores, especialistas y comunidades excluidas y afectadas, para la reorientación de sus concesiones, sus aguas residuales tratadas y su infraestructura hidroagrícola.

La elaboración de la Iniciativa Ciudadana ha servido como un proceso formativo, en donde estamos sentando las bases desde ahora para las instancias de planeación, gestión, defensa y contraloría que nuestra propuesta prevé. En este momento, estamos recogiendo las 110 mil firmas requeridas para su presentación como Iniciativa Ciudadana, junto con firmas para la Ley Minera ciudadana y la Consulta Popular contra la privatización de los energéticos. Como diría Guadalupe Victoria, lanzamos esta propuesta en prenda, y vamos por ella.

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