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17 de mayo de 2014 Número 80 Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Suplemento Informativo de La Jornada |
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Ignacio Sánchez Cohen Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP). Representante de la Red Temática del Agua de CONACyT
Para lograr la soberanía alimentaria, México debe incrementar su eficiencia en el uso agrícola del agua. Aun cuando 77 por ciento de las aguas concesionadas son dedicadas a este uso, el país importa la mitad de los alimentos que consume. La eficiencia global del agua de riego es de sólo 40 por ciento, y gran parte del agua para uso agrícola proviene de presas y de la sobreexplotación de acuíferos en zonas semiáridas, lo cual deriva en crecientes procesos de desertificación.
Más de 85 por ciento de la irrigación agrícola ocurre con métodos tradicionales como melgas y surcados, con poca eficiencia. Existen también 14 millones de hectáreas de agricultura de temporal, en donde la productividad del agua es casi cuatro veces menor respecto dela superficie irrigada.
Las estrategias para mejorar la eficiencia en distritos y unidades de riego se han concentrado en los usuarios con mayor capacidad económica. Eso debe cambiar. Es necesario que los planes de mejoramiento del riego parcelario se adecuen a las diferentes posibilidades o niveles de inversión, en el entendido de que la tecnificación del riego no obligadamente significa su aplicación vía tubería (como el goteo), sino que debe considerar técnicas tales como la nivelación de la parcela y el trazo de riego, así como la capacitación y transferencia de tecnología a usuarios y uso de gastos unitarios de riego en función de las características del terreno.
Se requiere cambiar el paradigma en el uso agrícola del agua, empezando con una reducción en la demanda del líquido para corregir el sobredimensionamiento de los distritos de riego (creados en torno a presas), así como la sobreexplotación de las reservas subterráneas. Además, se requiere de una transición hacia cultivos con menor demanda de agua, y una reorientación de las inversiones en infraestructura hidroagrícola en el país, para lograr un pleno aprovechamiento de las abundantes aguas en el sureste.
En cuanto al tamaño de los mecanismos para administrar el agua para riego, existen 85 distritos de riego que atienden el 53 por ciento de la superficie total irrigada (6.5 millones de hectáreas), mientras que el 47 por ciento restante corresponden a 39 mil unidades de riego.
Un aspecto fundamental es volver a responsabilizar al Estado, junto con los usuarios del riego, de la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola. Hay que reconocer que la transferencia de los grandes sistemas de riego a los usuarios tal como fue implementada bajo la Ley de Aguas Nacionales –sin mecanismos de apoyo ni la responsabilidad de pagar por el agua desperdiciada- ha resultado en el derroche de 60 por ciento del agua de uso agrícola.
Asimismo, la dotación volumétrica a los usuarios del riego debe adaptarse en función de la disponibilidad en los embalses, de la capacidad de las cuencas hidrológicas y de los variantes regímenes pluviales, con base estrictamente en las recomendaciones y acuerdos de los comités hidráulicos de los distritos de riego.
Es necesaria la revisión de concesiones y su adecuación con base en el uso y propósito del agua subterránea extraída. Para ello, es imperante la determinación de la huella hídrica de los cultivos, para privilegiar aquellos que representan una mayor aportación a la alimentación de los ciudadanos.
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El uso de las reservas de agua en el país para fines no esenciales debería ser objeto de la más alta regulación administrativa, dados los enormes impactos ecológicos y sociales que esto conlleva. Y los ahorros que se obtengan por concepto de la mejora del riego parcelario no deberían ser usados para incrementar la superficie irrigada, sino más bien para sobrellevar el déficit hídrico de otros sectores, como la población en zonas urbanas y rurales.
A pesar de la complejidad y diversidad cultural, ambiental y económica en el país, las estrategias de intervención por parte del Estado en lo relacionado con el recurso agua han sido predominantemente con visión mono angular, más que multidisciplinaria, y mono objetivo, en lugar de considerar los objetivos múltiples en las cuencas hidrológicas.
El Plan Nacional Hídrico 2013-2018 contempla “fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua”, lo que implicaría la participación efectiva de la sociedad en las decisiones y la planeación del recurso hídrico en las distintas regiones hidrológicas del país. La participación del sector académico-científico será de crucial importancia en el diseño de mecanismos y estrategias para el uso racional del agua.
Agua para uso agrícola
Víctor M. Quintana S. El Barzón, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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La situación: demasiado y demasiado poco. El agua para uso agrícola presenta una paradoja: en algunas regiones se sobreexplota mientras que en otras se aprovecha poco. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que una tercera parte de las cuencas del país tienen déficit hídrico. Por otro lado, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) apunta que 74 por ciento de la superficie agrícola es de temporal, expuesta a los avatares del clima y por tanto sólo producen una cuarta parte respecto de las zonas con riego.
Proliferan los pozos y los aprovechamientos ilegales de aguas superficiales. Numerosas concesiones exceden la disponibilidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministra el servicio de energía a pozos ilegales que extraen el recurso sin ningún control. Y muchas explotaciones agrícolas y hortícolas consumen una gran cantidad de agua sin que sus productos sean alimentos básicos o que generen empleos o algún beneficio económico comunitario.
Acciones inmediatas a emprender. Cuanto antes es necesario mantener y hacer valer la veda a aguas subterráneas decretada en marzo de 2013; lograr la clausura de los pozos y aprovechamientos ilegales e impedir que la CFE les suministre energía. Al mismo tiempo debe presupuestarse un programa multianual que contemple inversiones para apoyar la tecnificación y eficiencia de los equipos de riego y de bombeo.
Reformas legislativas. Se requiere reformar la Constitución para reconocer el agua como bien público, y debe eliminarse el concepto de “libre alumbramiento”. Las comunidades en sus diversas formas: pueblos indios, ejidos y mancomunes, deben tener uso prioritario.
La Iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida ya incluye la mayoría de los siguientes aspectos: priorización del agua para la sustentabilidad, el consumo humano y la producción de alimentos básicos sobre criterios mercantiles. Rediseño del sistema de concesiones para poner fin al acaparamiento del agua. Nuevas concesiones deben obligar a la realización de obras de captación de agua y de mejoramiento agro-ambiental. Hay que elaborar normas que impidan recibir concesiones, subsidios, créditos, apoyos gubernamentales a agricultores o ganaderos con prácticas insustentables, derrochadoras o contaminantes.
Lo fundamental: el control social y ciudadano. En la propuesta de Agua para Todos, los Consejos de Cuenca, de un tamaño menor y con representantes elegidos territorialmente, consensarían la planeación, asignación y supervisión de los caudales de agua para cada uso. Es vital que estos Consejos sean dotados de autonomía presupuestal y de gestión.
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Para el riego con aguas del subsuelo: Las concesiones deben limitar los volúmenes de extracción a los ecológicamente aprovechables en cada cuenca. Hay que diseñar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión de perforaciones y extracciones, involucrando a la ciudadanía. Debe establecerse un programa nacional para la recuperación de cubierta vegetal, así como la realización de investigaciones para documentar las conexiones entre los acuíferos.
Para el agua “rodada”, es necesario poner en marcha un programa para el mejoramiento de los sistemas de canales y acequias a fin de disminuir evaporación u absorción. También debe ponerse en marcha un programa multianual para hacer eficiente el riego y evitar las prácticas de inundación de surcos y exigir la construcción de drenes para recuperar el líquido sobrante. Los Consejos de Cuenca deben vigilar que en las asociaciones de usuarios de los distritos de riego haya democracia, transparencia, rendición de cuentas y equidad en la asignación de cuotas de agua. Es imperativo priorizar el acceso a las aguas superficiales por parte de las comunidades más pobres y realizar las obras de infraestructura correspondientes.
Propuestas para conjugar la soberanía alimentaria con la sustentabilidad hídrica. A partir de las reformas legislativas ya descritas, es necesario construir con participación ciudadana, de productores, técnicos, usuarios y dependencias de gobierno, el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Sustentabilidad Hídrica, construido de abajo hacia arriba, a partir de la planeación de cada cuenca. Dentro del Plan deben contemplarse medidas operativas para hacer realidad dicha soberanía y para determinar los cultivos más adecuados por cuenca y por región, de tal manera que el tipo de cultivos y la extensión de los mismos que pueden regarse sean definidos con base en las prioridades nacionales y necesidades locales. Debe también contemplarse un plan de acción emergente para prever y atender las contingencias generadas por el cambio climático que tanto afectará a la zona norte del país, así como una intensa labor de investigación, desarrollo tecnológico apropiado, extensionismo y capacitación para formar a todos los actores que tienen que ver en el agua.
Sólo siguiendo pasos como éstos en podrá haber alimentos y agua para tod@s.
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