El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) –por presunto enriquecimiento ilícito, que alcanzaría 26 millones de pesos, y por lavado de dinero– al ex juez federal con sede en Torreón, Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño y a quien fue su secretario de acuerdos, Gerardo Tiscareño Mercado, ambos suspendidos desde 2011 por favorecer con amparos a la empresa de casinos Atracciones y Emociones Vallarta.

En un comunicado, el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que como resultado de sus propias investigaciones administrativas y actuando de manera transparente y contundente, el CJF da a conocer la presentación de una denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación, en este caso en contra de Luis Armando Jerezano y Gerardo Tiscareño por conductas tipificadas como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta querella se suma a la que el mismo CJF interpuso el pasado martes en contra de los magistrados de distrito Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto y del juez de distrito Javier Lozano Martínez, los tres señalados en la denuncia penal por sus presuntos vínculos con el empresario casinero Juan José Rojas Cardona.

A diferencia de Jerezano, Ochoa y Lozano fueron suspendidos sin goce de sueldo la semana pasada e inmediatamente denunciados ante la PGR.

El CJF explicó que la querella contra Jerezano y Tiscareño se presentó porque se detectaron presuntas irregularidades, particularmente en lo relacionado con la actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y sorteos, actuaciones firmadas en forma conjunta con el secretario.

Agregó que encontró irregularidades en varios amparos que ese juzgado otorgó a empresas permisionarias de juegos y sorteos en 2006, 2007, 2008 y 2009.

Añadió que la contraloría del PJF detectó que Jerezano Treviño probablemente no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivos de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente ilegales por 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.

El 20 de septiembre de 2011 el CJF inició una investigación contra Jerezano y Tiscareño y desde entonces los separó de sus cargos. Ambos fueron acusados de favorecer a Atracciones y Emociones Vallarta, concediéndole amparos que obligaban a la Secretaría de Gobernación, en el sexenio anterior, a reconocer un permiso para operar al menos cinco casinos, aunque la autorización presuntamente fue apócrifa.