El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró ayer que las autoridades de Estados Unidos ubicaron al empresario Gastón Azcárraga e iniciaron un procedimiento migratorio en su contra luego de que la Policía Internacional (Interpol) les notificó de la existencia de una orden de aprehensión contra el ex dueño de Mexicana de Aviación.

“Hay una orden de aprehensión (emitida por un juez mexicano), que se comunicó a Interpol, que a su vez se comunicó a las policías internacionales. El gobierno de Estados Unidos actuó y lo citó; él solicitó asilo. El gobierno mexicano intervino en el procedimiento.

Nosotros tenemos ya interpuesta la solicitud de extradición para que en el momento que sea lo traigan, precisó el funcionario al ser entrevistado en el sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia.

El pasado miércoles, luego de participar en el mismo foro, Mariana Benítez, subprocuradora de la PGR, fue la primera funcionaria federal que confirmó la noticia difundida por redes sociales sobre la retención en Estados Unidos de Gastón Azcárraga.

A Murillo se le preguntó ayer sobre el mismo tema. Respondió que hasta el momento sólo existe una orden de captura contra el ex dueño de Mexicana.

–¿Es factible que le concedan el asilo? –se le preguntó.

–No depende de mí, depende de ellos, no sé –contestó.

–¿Existen elementos para la extradición de Azcárraga?

–Si no existieran, no la hubiera yo solicitado. Estoy solicitándola porque existen; hay un tratado de extradición que nos permite solicitarla y eso estamos haciendo.

En tanto, fuentes con conocimiento del caso informaron a La Jornada que Azcárraga se presenta cada tercer día ante un juez migratorio con sede en Nueva York, pero rechazaron que el empresario porte un grillete en el tobillo.

Gastón Azcárraga enfrenta una orden de aprehensión en México por presunto lavado de 198 millones de pesos.

El expediente contra Azcárraga refiere que habría utilizado recursos de Mexicana (que se encuentra sujeta a concurso mercantil desde agosto de 2010), sin importar que ésta se encontraba prácticamente en quiebra.

El empresario habría violado diversas leyes, entre ellas la del mercado de valores, al no haber informado a tiempo a la bolsa respectiva sobre la venta de la aerolínea.