on la cara más dura que una piedra, el 2 de agosto de 2010 el entonces director general de Mexicana de Aviación, Manuel Borja, declaró a los medios de comunicación que la crisis financiera por la que atravesaba la aerolínea era resultado de los costosos contratos colectivos de trabajo de pilotos y sobrecargos, y de ninguna manera producto de malos manejos financieros por parte de los propietarios (Gastón Azcárraga Andrade, el principal). De hecho, aseguraba, la empresa es viable, porque su problema es operativo, no financiero.

Entre esa declaración y el concurso mercantil sólo transcurrieron unos cuantos minutos, mientras Gastón Azcárraga ya había desaparecido de la escena del crimen, la aerolínea clavaba el pico tras el riguroso saqueo de que fue objeto y 8 mil 500 trabajadores se quedaban en la calle. Casi cuatro años después de un concurso mercantil por demás desaseado, por decirlo suave, se declaró la quiebra de la empresa y se giró orden de aprehensión en contra del empresario a quien la parejita presidencial, Vicente y Martita, prácticamente le regaló la otrora aerolínea insignia.

Como se ha comentado en este espacio, lo sucedido con Mexicana de Aviación no es nuevo, como tampoco el saqueo y la quiebra de una empresa perteneciente al oneroso circuito privatización-estatización-reprivatización-reestatización (etcétera, etcétera). De hecho, esa ha sido la norma en muchísimos casos de paraestatales privatizadas. Concretamente en el de la aerolínea el circuito fue primero extranjero; después de capital foráneo y nacional; más adelante sólo nacional, con participación minoritaria del gobierno; sólo de éste; fue rescatada y saneada con recursos públicos para reprivatizarla; de nueva cuenta quedó en manos del gobierno, el que –ya financieramente limpia– la regresó a manos privadas, y de estas a las gubernamentales, para retornar a particulares y de allí al concurso mercantil y la quiebra.

Cuatro años después de la cínica declaración de Manuel Borja (en septiembre de 2013 la PGR solicitó a Interpol ficha roja para ubicar a nivel internacional al ex director de Mexicana y a dos ex consejeros de la empresa, por presunta defraudación fiscal), los trabajadores de la aerolínea siguen en la calle. Nadie les echó un lazo y dos de sus sepultureros gozan de hueso y permanecen intocados: Javier Lozano, ex secretario calderonista del Trabajo, y Juan Molinar Horcasitas, ex secretario calderonista de Comunicaciones y Transportes. Uno en el Senado, otro en la cúpula panista.

Por su parte, uno de los hombres más ricos del país, Gastón Azcárraga, acumula un rosario de acusaciones y ha sido retenido por las autoridades migratorias estadunidenses, más por razones de vencimiento de visado que por los delitos relacionados con la fraudulenta operación con Mexicana de Aviación. Igual le renuevan el permiso de estancia y cómodamente se queda allá.

En vía de mientras, un poco de historia sobre la más reciente reprivatización de Mexicana de Aviación, la misma que en 1994 logró reestatizar Gastón Azcárraga Tamayo, padre de Gastón Azcárraga Andrade, quien desde diciembre de 2005 se convirtió en dueño y señor de la aerolínea, hoy en quiebra.

Dicha reprivatización favoreció ampliamente al presidente del Grupo Posadas –Azcárraga Andrade–, quien no sólo la obtuvo a precio de regalo, sino que minutos después de firmar el contrato de traspaso revendió a otros hombres de negocios una buena rebanada del pastel accionario de la aerolínea, cuyo rescate (Fobaproa de por medio) costó, cuesta, al erario miles de millones de pesos.

En los primeros nueve meses como propietario de Mexicana de Aviación, Azcárraga Andrade y socios despidieron a mil 800 trabajadores de confianza y sindicalizados; vendieron la torre insignia de la aerolínea (en la calle de Xola, por alrededor de 80 millones de dólares) y recortaron 25 por ciento el salario del personal que libró la reducción de plantilla, al tiempo que exigió, y logró, que el gobierno federal le regresara una cantidad por ajustes en el precio de venta.

El 20 de diciembre de 2005 se oficializó que Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, fue el ganador de la puja por la citada empresa: 94.5 por ciento de las acciones pasaron a ser propiedad del corporativo hotelero, mediante el supuesto pago de 165.5 millones de dólares.

Cintra (entonces concentrador de las aerolíneas rescatadas por el erario) y el IPAB (el rescatador, heredero del Fobaproa) reconocieron a Posadas como ganador, y ese 20 de diciembre firmaron el contrato de compraventa de las acciones, cuyo precio en la Bolsa Mexicana de Valores artificialmente se desplomó en alrededor de 40 por ciento en unos cuantos días, obviamente previos a tal firma. Se trataba de abaratar, aún más, la venta. Tras adquirir 94.5 por ciento de los títulos, el citado grupo –propietario, en singular– revendió parte de las acciones a siete inversionistas que no participaron en la licitación, cuyas empresas fueron constituidas pocos días antes del anuncio oficial del ganador y que se convirtieron en propietarios, en plural. Una de ellas, Administradora Profesional de Hoteles, constituida 12 días antes de conocerse, públicamente, el nombre del nuevo dueño de Mexicana de Aviación.

Minutos después de firmar el contrato de compraventa, Azcárraga Andrade (en ese tiempo ex presidente del oscuro Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) repartió el pastel de Mexicana de Aviación: Grupo Posadas, 29.6 por ciento de las acciones; Administradora Profesional de Hoteles, 20.08; Administradora Corporativa Empresarial, de Angel Losada Moreno (Grupo Gigante), 20.08; Gastón Azcárraga Andrade, 2.86; Juan Gallardo Thurlow (Grupo Embotelladoras Unidas), 10.44; Ixe Banco (del que fue accionista Isaac Saba, del Grupo Xtra, único contrincante en la citada puja), 2.46 por ciento, y otros accionistas, 9.49 por ciento.

Lo demás es historia conocida: saquearon y destrozaron la aerolínea, finalmente la quebraron, culparon a los trabajadores (los únicos que han pagado, y con creces, por algo que ni de lejos se comieron) y Gastón se fue tranquilamente… hasta que se le venció la visa gringa.

Las rebanadas del pastel

Y ya entrados en cápsulas de memoria, el 23 de agosto de 2010 el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República acusaba al gobierno de Felipe Calderón de manipular información para esconder el colapso económico al que se enfila el país. Lo peor, subrayaba, es que el gobierno de Calderón aplica la política del avestruz; en realidad, la administración panista no sabe qué hacer. Pues bien, ahora sucede lo mismo, pero con el gobierno tricolor, pero aquellos guardan silencio.

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