o por ser de oro dejan de ser prisión (como cantan Los Tigres del Norte), pero resultan notablemente cómodas, permisivas y placenteras las presuntas jaulas judiciales (o remedos de ellas) que tanto México como Estados Unidos han puesto a dos grandísimos empresarios mexicanos acusados de igualmente grandísimos fraudes.

Uno es Amado Yáñez, principal accionista del entramado de irregularidades conocido como Oceanografía, al que desde muchos años atrás se ha señalado como partícipe y beneficiario de descomunales saqueos de la riqueza nacional a través del sistema de tráfico de influencias y reparto de comisiones que se ha institucionalizado en Pemex y que tuvo momentos estelares, y no solamente en el caso de la citada Oceanografía, durante los sexenios de Vicente Fox (ah, la señora Martha y sus hijos tan avispados y prósperos), Felipe Calderón (ah, el paso por la Secretaría de Energía y los buenos oficios de César Nava y, ya en los suculentos Pinos, de Juan Camilo Mouriño) y, desde luego, en el sexenio en curso que siguió haciendo negocios con la firma truculenta hasta que un escándalo en Estados Unidos, detonado por Citigroup, arrojó reflectores policiacos sobre el tema que los ojos gubernamentales mexicanos se habían negado a ver o al que convenientemente hacían como que no veían.

Yáñez fue pillado no por decisión de mexicanos ni por daños al erario mexicano. El gestor y comisionista Amado seguiría llenando de felicidad las cuentas particulares de ciertos poderosos a no ser porque Citigroup encontró que en su vertiente mexicana, Banamex, uno de sus clientes VIP había utilizado documentos falsos y había realizado procedimientos bancarios irregulares en un expediente relacionado con Pemex, de tal manera que habría causado un daño superior a los 400 millones de dólares.

La osadía de pretender hacerle trampas a Citigroup (una institución suficientemente conocedora de los negocios mexicanos hechos desde el poder, pues entre otros clientes distinguidos tuvo a Raúl Salinas de Gortari, en los momentos de su mayor esplendor sexenal depositante) es lo que llevó a las autoridades mexicanas a incomodar al hasta entonces intocable Yáñez. Pero ni siquiera se le está instaurando algún proceso por las pillerías tan mencionadas en ámbitos extrajudiciales. Simplemente, el asunto del presunto fraude bancario. Y, para cumplir con las exigencias del imperioso grupo financiero con sede en Nueva York, la implacable Procuraduría General de la República extendió una draconiana orden de arraigo contra el presunto gran defraudador, la cual se cumplió en el domicilio del afectado, en este caso, según múltiples versiones periodísticas que no han sido desmentidas, en su residencia del lujoso fraccionamiento Las Brisas, en Acapulco, con alberca, gimnasio, servidumbre y otros beneficios.

Aun cuando un segundo periodo de arraigo domiciliario fue establecido, el cual terminaría el próximo 12 de junio, ayer mismo había versiones de que Yáñez estaría por ser consignado a un juzgado penal y que dejaría de disfrutar Acapulco para pasar a un centro federal penitenciario. Falta saber la suerte de algunos de sus socios, como Martín Díaz Álvarez, primo ejecutivo del ex secretario de hacienda durante el oceanográfico sexenio de Fox, Francisco Gil Díaz, y de los directivos de Banamex que idearon, sugirieron o permitieron las falsificaciones y engaños de Yáñez. Por lo pronto, el banco dirigido en México por Javier Arrigunaga dio de baja a 11 empleados (Ocean’s eleven, La gran estafa), entre ellos cuatro directores. Otro campo de juego donde largamente se ha hablado de lavandería de dinero, el futbol profesional mexicano, también está a la espera de las decisiones del gobierno federal, pues el equipo Gallos Blancos de Quéretaro, propiedad de Yáñez, está ahora bajo control del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), oficina hacendaria que entre sus opciones tiene la de vender ese negocio a algún interesado. Por ejemplo, el Atlante que recientemente bajó a la primera división A pero ahora podría regresar a la liga mayor por esa vía rápida.

A Gastón Azcárraga ni siquiera le pusieron por jaula de oro su domicilio de Nueva York. Vaya, ni siquiera un brazalete electrónico de control, ni restricciones para viajar con libertad por Estados Unidos. Buscado por la Interpol, la falta que interrumpió su libre vuelo por el extranjero fue la caducidad de su visa. Ante ello, el familiar del dueño de Televisa desplegó una táctica moratoria, al solicitar asilo en Estados Unidos para no ser deportado al país donde se le requiere por operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y no necesariamente por la serie de fraudes y maniobras que realizó hasta quebrar a Mexicana de Aviación (la empresa que adquirió en tiempos del oceanográfico Fox, en diciembre de  2005, en otro de esos sugestivos episodios de virtuales regalos desde Los Pinos a empresarios que luego cooperan o cuello a la hora de procesos electorales. Felipe Calderón también entregó una línea aérea, Aeroméxico, a un fideicomiso formado por Banamex y encabezado formalmente por José Luis Barraza, alguien que había gastado millones de pesos, o había hecho como que él los gastaba, a nombre del Consejo Coordinador Empresarial, que presidía, en guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006 y a favor de no cambiar el rumbo establecido por el PAN).

La jaula de oro merece especial mención. Dirigida por Diego Quemada-Díez, es una película, entre ficción y documental, que narra algunas de las historias que viven quienes transitan por nuestro país con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Producida por Inna Payán, Luis Salinas y Eder Campos, ha recibido múltiples premios importantes y ayuda, al actualizarla, al revolverla, a que la cotidianidad del horror que sufren esos migrantes no disuelva o aminore la solidaridad hacia ellos ni la exigencia de que los gobiernos mexicanos, el federal y los estatales involucrados, hagan algo más que discursos para impedir tales tragedias. ¡Hasta el próximo lunes!

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