Tras permanecer 16 días en huelga de hambre y plantón frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Esparza –esposo de la activista Bety Cariño, asesinada el 27 de abril de 2010, junto con el finlandés Jyri Jaakkola– terminó ayer su protesta, luego de que las autoridades se comprometieron a detener a los responsables del crimen y proteger a los testigos del mismo.

El acuerdo se logró el miércoles en la tarde, después de un encuentro donde participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, quienes prometieron a los familiares de las víctimas y a representantes de la embajada de Finlandia que cumplimentarán las órdenes de aprehensión que ya existen contra 12 personas supuestamente involucradas en el delito.

En esencia, la minuta es un compromiso para realizar acciones operativas de protección a los testigos del asesinato y detención de los responsables. Las autoridades nunca nos habían dicho que no harían su trabajo, pero todo se quedaba en discursos y buenas intenciones; ahora lo tenemos firmado, por escrito, y eso nos da mucha certeza y tranquilidad, comentó Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

La litigante añadió que las organizaciones solidarias con los familiares de las víctimas van a coadyuvar en este proceso y a vigilar su cumplimiento, y subrayó que también se abre la puerta a que el líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez –preso desde 2011–, comience a ser enjuiciado por su presunta participación en el asesinato de Cariño y Jaakkola.

Por su parte, Omar Esparza consideró que el acuerdo de ayer significa un avance, luego de cuatro años en los cuales pidieron justicia sin que ninguna institución se comprometiera a identificar y detener a los responsables del asesinato.

Esto es una pequeña victoria, pero no es el final. Más bien es un comienzo y vamos a estar atentos de que las autoridades comprometidas realicen su trabajo. Es un primer paso para visibilizar la impunidad que se mantenía sobre el caso, enfatizó.