El titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció dejar en libertad a más de 20 integrantes de las guardias comunitarias del pueblo indígena de San Miguel de Aquila, presos bajo el cargo de acopio de armas, si desconocen a los líderes de esa localidad y renuncian a su actual defensa.

Así lo denunciaron habitantes de dicho pueblo y miembros de organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentaron que en vez de excarcelar a estas personas –quienes se vieron obligadas a tomar las armas para defenderse de los delincuentes, como reconoció el propio Castillo–, el gobierno las presione para dividir a la comunidad.

El abogado César Sandino Rivero recordó en conferencia de prensa que el 14 de agosto del año pasado diversos cuerpos de policía arrestaron a 40 miembros de las guardias comunitarias de San Miguel de Aquila, de los cuales 19 lograron salir en libertad bajo caución.

Los 21 pobladores restantes, acusados de portación ilegal de arma de fuego y cartuchos, están presos en los centros federales de readaptación social de Villa Aldama, Veracruz, y Mil Cumbres, Michoacán.

A pesar de que en su momento Castillo admitió que los lugareños tuvieron que alzarse en armas para defender su vida ante la amenaza del crimen organizado e incluso los calificó como personas valientes, indicó el litigante, al mismo tiempo los ha mantenido presos y ahora intenta dividirlos con ofrecimientos de libertad a cambio de rechazar a sus compañeros y defensores.

Desconocer a defensores

El pasado 12 de mayo, indicó César Sandino Rivero, los abogados Jorge Espino, Antonio Pacheco y Juan Carlos Escobar acudieron al penal de Mil Cumbres a nombre de Castillo para decir a los detenidos que podía dejarlos libres en 20 días, con la condición de que se desistieran de su actual defensa y desconocieran a los líderes de su comunidad y a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Lo anterior demuestra la bajeza con la que el gobierno federal y el comisionado Alfredo Castillo se conducen, pues con ello demuestran que no tienen la mínima voluntad política para dar solución integral al conflicto de nuestra comunidad y sí (en cambio) tienen interés en dividirla, indicaron las autoridades comunales de Aquila.

Francisco Jiménez Pablo, líder de la CNPA, alertó que al incorporar a ciertos grupos de autodefensas al gobierno, las autoridades buscan pervertir una respuesta genuina del pueblo ante la violencia, con el objetivo de generar una especie de paramilitarismo oficial y enfrentar entre sí a las comunidades.