n tribunal colegiado en materia administrativa rechazó ayer la solicitud de amparo interpuesta por un grupo de legisladores encabezados por el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, en contra de la reforma constitucional en materia energética aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión. El rechazo judicial se suma al que se dio en enero pasado respecto de la solicitud de amparo interpuesta por 23 intelectuales, académicos y artistas, todos ellos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes .

Más allá del apego de estas resoluciones a la formalidad de los procedimientos jurídicos, lo cierto es que ocurren con el telón de fondo del rechazo a la referida modificación constitucional por parte de un sector amplio de la población, que percibe dicha aprobación como fallo grave de la institucionalidad del país, particularmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Dicha percepción está sustentada a la luz del déficit de representatividad que imperó en el proceso de discusión legislativa que derivó en la reforma energética. Si bien es cierto que la determinación se apegó en lo formal a los cauces legales, el hecho es que el balance de fuerzas que se dejó ver en el Congreso durante la discusión respectiva no corresponde con el sentir de la sociedad sobre el tema, a pesar de que éste no ha sido ponderado con exactitud, en buena medida por la oposición del grupo en el poder a realizar cualquier modalidad de consulta a la población.

Con ese precedente habría sido deseable y necesario que el Poder Judicial cumpliera su función de contrapeso formal a las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo, atendiera a las solicitudes de amparo formuladas por los ciudadanos y legisladores mencionados y emprendiera una revisión a fondo de las previsibles consecuencias negativas que acarreará la reforma energética, entre las que se encuentran afectaciones severas a las finanzas públicas y la transferencia a manos privadas de las actividades de producción y distribución de energía eléctrica y de prospección, explotación, transporte, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, lo cual supone severos riesgos para la soberanía, economía e integridad del territorio.

Por el contrario, con su determinación de rechazar en automático las peticiones comentadas, la institucionalidad encargada de impartir justicia en el país cierra la puerta y cancela los cauces de expresión institucional para un sector importante de la población. Con ello, no sólo se abre una perspectiva problemática para la instrumentación de la reforma energética y la aprobación de las leyes secundarias; se ahonda también la fractura, ya alarmante, entre el México formal y el real; se porfía en la tendencia de ejercer el poder mediante decisiones revestidas de legalidad, pero carentes de legitimidad, y se siembran de esa manera obstáculos para el desarrollo de la vida republicana y democrática.