Durante los primeros tres meses del año la Secretaría de Hacienda descubrió y denunció 21 operaciones de lavado de dinero, producto de actividades ilegales. La cifra de casos integrados y denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) es ligeramente menor a las 25 averiguaciones impulsadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a lo largo de 2007, revelan datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.

Cifras del más reciente reporte al primer trimestre del año indican que en el periodo fueron detectadas en el sistema financiero un total de 26 mil 562 operaciones consideradas inusuales, mientras otras 25 fueron clasificadas como realmente preocupantes.

La Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de recibir reportes de operaciones sospechosas realizadas en el sistema financiero del país, así como de coadyuvar con las investigaciones internacionales y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Así, esa dependencia de Hacienda detectó, entre 2010 y el primer trimestre de este año, un total de 231 casos que reunieron las características suficientes para ser denunciados ante la PGR y seguir un proceso judicial.

Preocupantes, 511 en 4 años

El reporte no presenta casos específicos ni detalles de las investigaciones. En lo que se refiere a las operaciones financieras descubiertas y catalogadas como preocupantes, entre 2010 y los primeros tres meses de este año sumaron un total de 511, fue en 2012 cuando se registró el mayor número del periodo, con 157. Pero desde 2004, cuando fue creada la UIF, en 2007 se identificó el más volumen más importante de ese tipo de operaciones, con 250 ese año.

Sobre el registro de las operaciones financieras inusuales el reporte de la UIF da cuenta de que entre 2010 y el primer trimestre de 2014 el total identificado sumó 255 mil 670. Esta categoría comprende, de acuerdo con la definición oficial, aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento.