Los grupos legislativos del PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), en la Cámara de Diputados, ratificaron la denuncia presentada ante la PGR hace un mes, por la que se solicita al Ministerio Público Federal investigar al director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, como probable responsable de conductas constitutivas de delito.

Este funcionario habría utilizado recursos económicos de la dependencia para impulsar una campaña mediática en su favor, pues busca ser candidato por su partido, el PRI, a gobernador del estado de Oaxaca, señalaron los diputados Miguel Alonso Raya (PRD), Ricardo Mejía Bermeja, (MC) y Manuel Huerta (PT).

Los representantes de esos partidos calificaron que el trabajo de la PGR de omiso, pues no ha actuado desde hace cuatro semanas cuando presentamos la denuncia. Ahora el procurador Jesús Murillo Karam está obligado a intervenir para investigar los probables delitos de un hombre como Ramírez Puga Leyva, quien se ha distinguido por ser ambicioso y aprovecharse de los recursos públicos para enriquecerse y promoverse electoralmente, cuando él sabe de su medianía en política, expuso el diputado Huerta.

Sobre el particular, el vicecoordinador del grupo parlamentario del sol azteca, Miguel Alonso Raya, argumentó que el Ministerio Público está obligado a seguir de oficio el caso; “tiene la obligación legal y política de solicitar los datos necesarios a Linconsa, a los periódicos donde ha comprado publicidad para promoverse y a la Secretaría de Desarrollo Social.

Robles no colabora

“En este tema –añadió– no se nos olvide que Rosario Robles tiene una considerable responsabilidad, porque no ha dado muestras de colaborar en un caso tan delicado solicitando a su subordinado se presente una licencia al cargo mientras transcurre el proceso de investigación”.

Ramírez Puga Leyva se desempeñó en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados como representante del PRI, pero sobre todo se le recuerda como vocero de Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador de Oaxaca (y actual delegado del PRI en Quintana Roo), cuando se suscitó el conflicto magisterial en 2006.

También Mejía Bermeja argumentó sus sospechas sobre el uso irregular de los recursos de Liconsa para favorecer la imagen del oaxaqueño.

Tenemos la convicción de que este personaje ha utilizado una dependencia que debería tener una función social, y la ha utilizado como su oficina de promoción personal y de activismo electoral para fortalecer sus aspiraciones personales de ser candidato a gobernador.