El Senado aprobó ayer en comisiones las leyes general de instituciones y procedimientos electorales (Legipe) y general de partidos políticos, las más importantes de la legislación secundaria de la reforma político electoral, entre críticas de perredistas y panistas, quienes advirtieron que la redacción de los artículos más polémicos no se apega a los acuerdos asumidos horas antes.

La mesa de negociación de la legislación secundaria concluyó trabajos la madrugada de ayer, y en ella participaron, por el gobierno federal, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.

El proyecto de dictamen estuvo listo después de la seis de la mañana de ayer y hasta las 10 horas las comisiones de la Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda comenzaron a dictaminar y se escuchó la inconformidad de perredistas y panistas.

Javier Corral Jurado (PAN) y Dolores Padierna (PRD) coincidieron en manifestar su preocupación por las omisiones y ambigüedades del documento, que no transmite de forma clara a la ley secundaria las disposiciones constitucionales. Entre otras, mencionaron las que prohíben contratar propaganda en medios o la promoción de servidores públicos.

Corral insistió en que no se cumplieron los acuerdos en el tema de comunicación política, acerca de las pautas de la propaganda electoral en medios electrónicos. Reiteró que se violenta el espíritu de la Constitución al no establecer con claridad la obligación de las televisoras de bloquear sus señales nacionales en todas sus repetidoras en los estados donde se celebren elecciones locales.

Exigió que sólo se transmita propaganda en el entidad del candidato, con la finalidad de impedir, por ejemplo, que el aspirante a la gubernatura del estado de México tenga promocionales en todo el país.

La madrugada del domingo Corral se confrontó por ese tema con el consejero jurídico de la Presidencia, quien trató de reconvenir al legislador cuando éste dijo que el gobierno estaba más interesado en cuidar los intereses de las televisoras que en defender un sistema de partidos en competencia plena.

Ayer, Padierna Luna advirtió que no se incluyó la televisión restringida en los ordenamientos y que la prohibición de contratar propaganda, establecida en la Constitución, no se refleja en el articulado de la las leyes aprobadas.

En el dictamen hay omisiones, imperfecciones e inexactitudes, señaló a su vez el panista Juan José Romero Hicks, quien representó al PAN en la mesa de negociación política. Dijo que le preocupa el tema de la sub y la sobrerrepresentación de los congresos locales.

Héctor Larios, también del PAN, expuso que no se reflejaron todos los acuerdos y anunció que presentará un voto particular en la sesión del periodo extraordinario que hoy comienza.

El senador Alejandro Encinas, quien representó al PRD en la negociación, dijo que el acuerdo en materia de comunicación política es retomar la disposición constitucional de diferenciar cada canal y cada frecuencia de radio y eliminar la participación de los concesionarios en la elaboración de los lineamientos que realice el Instituto Nacional Electoral, además de excluir la pauta estatal y la cobertura geográfica.

Encinas explicó que en el dictamen se acotó el financiamiento privado, que será de 0.25 por ciento de las prerrogativas (unos 80 millones de pesos por partido), que deberán ser aportados de manera individual, no por personas morales, empresas o sindicatos, y siempre por conducto del sistema bancario.

Los presidentes de las comisiones de Gobernación y de la Reforma del Estado, los priístas Cristina Díaz y Miguel Ángel Chico Herrera, dijeron que apostaron todo a la construcción de acuerdos entre todas las fuerzas políticas.