Bruselas, 13 de mayo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hoy que los buscadores en Internet, entre ellos Google, están obligados a eliminar de su lista de resultados los enlaces a páginas de la red con información de personas que así lo soliciten. La enmienda es denominada derecho al olvido en Internet.

El tribunal estimó que cualquier persona tiene derecho a ser olvidada bajo ciertas condiciones, en particular cuando estos datos se consideren inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.

Los motores de búsqueda permiten obtener, a través de la extracción, registro y organización de datos, una visión estructurada de la información relativa a una persona que haya sido publicada en Internet, señaló la corte. Esa información afecta potencialmente una multitud de aspectos de la vida privada, a la luz de la directiva europea sobre la protección de datos de 1995.

El fallo del tribunal, con sede en Luxemburgo, surge después de que Mario Costeja, abogado y calígrafo español, presentó una denuncia en 2010 ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el periódico La Vanguardia y contra Google.

El demandante solicitaba al rotativo que eliminara o modificara dos páginas en Internet del periódico en las se anunciaba la subasta de 1998 de su casa embargada, y a Google que eliminara u ocultara sus datos personales, explicó el tribunal.

Para Google sigo siendo deudor y casado, se quejaba Costeja hace unos meses. El abogado se había divorciado ya hacía años y sus deudas estaban saldadas, pero su pasado volvía como un fantasma cada vez que introducía su nombre en el buscador.

El fallo es decepcionante para los motores de búsqueda y los editores en Internet; estamos muy sorprendidos, indicó Al Verney, vocero de Google, en un comunicado.

La Asociación de la Industria de Computación y Comunicación, con sede en Washington, que reagrupa a los grandes del sector como Google, Microsoft, Facebook y Yahoo, afirmó que la decisión abre la puerta a la censura privada en gran escala en Europa.