Unos 4 millones de pequeños negocios que operaban hasta el año pasado bajo el régimen de pequeños contribuyentes (conocido como Repecos) están en riesgo porque no pueden cumplir con las obligaciones legales impuestas por la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, coincidieron abogados fiscalistas entrevistados por La Jornada.

Pedro Ramírez Aguilar, José Alberto Pérez, Arturo Vela y Rubén Ramos, integrantes de despachos jurídicos especializados en el área fiscal, hablaron de las principales dificultades que han enfrentado los contribuyentes y la propia autoridad recaudadora en los primeros meses de 2014.

Los pequeños negocios no cuentan con la capacidad económica, tecnológica y administrativa que se requiere para cumplir con la complejidad de la reforma fiscal, como lo tienen las medianas y grandes empresas, y por ello están optando por cerrar sus negocios, sostuvo Ramírez.

El punto más sensible radica en el ejercicio de las facultades de recaudación que el SAT pretende realizar a través de medios tecnológicos, sin contar con la infraestructura adecuada y eficiente, dijo Pérez, entrevistado por separado.

Estos fiscalistas forman parte de los bufetes que han obtenido amparos a favor de empresas que impugnaron la limitación para deducir prestaciones que pagan a sus trabajadores, prevista en el artículo 28 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), cuya constitucionalidad está en duda.

Arturo Vela, con 20 años de experiencia en temas fiscales, expuso que durante enero, febrero y marzo la alta demanda generada por la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes y el plazo para tributar en el régimen de incorporación fiscal colapsaron la capacidad de atención, asesoría, actualización de información e inscripción en el SAT, al punto de que una parte de los servicios que presta por Internet no se encuentra actualmente en funcionamiento.

Los fiscalistas coincidieron en que uno de los puntos de la reforma fiscal que más ha causado molestia entre los comerciantes, y ha llevado a tramitar demandas de amparo, es la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en zonas fronterizas, donde pasó de 11 a 16 por ciento.

Los abogados consultados indicaron que en caso de que se confirme la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley del ISR, los amparos tendrán el efecto de permitir a las empresas la deducción de 100 por ciento de todos los pagos de previsión social que sean ingresos exentos para sus trabajadores, tal y como sucedía antes de la reforma de finales de 2013.

Añadieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa amparos en los que se cuestionan cuatro temas de la reforma fiscal: límites a deducciones de ISR, tarifas de ISR para personas físicas, homologación de IVA en fronteras y eliminación del régimen de los llamados Repecos.