omo si fuera la función de un teatro de sombras en el que se proyectan marionetas delante de un fondo iluminado para generar la sensación de movimiento, este 10 de mayo se puso en escena la representación del desarme y desmovilización de las autodefensas michoacanas.
Frente al comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, parte de las autodefensas cambiaron las armas prohibidas y las barricadas por fusiles y pistolas reglamentarios, uniformes de la fuerza rural del estado y un régimen policiaco. “Con esto –dijo Estanislao Beltrán, Papá Pitufo– ya tenemos un compromiso, somos gobierno”.
La ilusión de movimiento que el montaje quiso crear fue la de los civiles armados michoacanos ciñéndose al ultimátum gubernamental para entregar sus cuernos de chivo a cambio de un fusil R15, una pistola 9 milímetros y 15 balas para la escuadra y 30 tiros para el rifle; la de transportarse en Estaquitas de Nissan en lugar de las camionetotas 4x4; la de actuar en la legalidad en vez de tomar la justicia en sus manos.
Pero ese teatro de sombras no puede ocultar que el 10 de mayo las autodefensas no se desarmaron ni se desmovilizaron, solamente se dividieron. Una parte se sujetó a la voluntad gubernamental, otra se niega a acatarla y varias más se encuentran en el limbo, sin saber aún qué hacer.
En la ceremonia, el comisionado declaró que lo inédito de este movimiento social armado (...) es que en esos días la gente no se levantó contra el Estado, sino para solicitar la presencia del Estado. Y hoy los que representan al Estado son ustedes
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Pero resulta que ese Estado sigue ausente en Michoacán. El mismo Castillo tiene que desplazarse custodiado por un enorme equipo de seguridad, y trasladarse en una Suburban blanca con blindaje tipo 5, que resiste ataques de cañón corto y largo. Como cuenta Arturo Cano, el montaje para anunciar la toma de protesta de la nueva Fuerza Rural estuvo protegido por agentes armados hasta los dientes
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Extorsiones, secuestros, robos, asesinatos siguen siendo un asunto cotidiano en varias regiones de la entidad. No hay indicio de que la producción y tráfico de drogas se hayan frenado. Entre enero de 2012 y marzo de 2014 sólo se lograron decomisar 844 armas de fuego. La maquinaria del narcocapitalismo en Michoacán camina. Los negocios que lavan las ganancias del crimen organizado florecen como siempre.
Las autodefensas no entregaron las armas. Sólo las registraron. Y lo hicieron de manera acotada: según informes oficiales, 6 mil 442, casi 70 por ciento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Las ametralladoras M50, los Barret y los lanzagranadas que salieron a relucir en diversos momentos del conflicto han desaparecido de la escena.
El gobierno federal calcula –dijo el comisionado– que hay 7 mil pistolas o rifles de alto poder, en manos de las autodefensas. Durante los primeros meses de este año, los civiles armados aseguraron poseer al menos tres veces más. La cifra podría ser mayor. El espejismo de los fierros tiene carta de legitimidad entre la población michoacana.
Un detallado estudio sobre el tráfico de armamento de Estados Unidos hacia México, efectuado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que en 2007 había en nuestro país 15.5 millones de armas en manos de civiles, una por cada tres adultos. Siete años después, esa cifra alcanza los 20 millones de pistolas, rifles fusiles de asalto o ametralladoras. A esta cantidad hay que sumar los 3 millones 100 mil armas autorizadas por la Sedena.
El informe de Naciones Unidas concluye que 23 por ciento del armamento que entró a México desde Estados Unidos entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 tuvo a Michoacán como destino principal. Ocupó el segundo lugar Sinaloa, con 9 por ciento del total de las adquisiciones, seguido por Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco.
Las autodefensas michoacanas son la nueva Bola, la masa en la que se funden los destinos de quienes están hartos de la inseguridad pública. No hay entre sus integrantes unidad ideológica o política alguna. Su horizonte inmediato consistió en deshacerse de la empresa templaria.
Las autodefensas nunca han sido una fuerza homogénea. Son un archipiélago de grupos autónomos, con liderazgos locales, coordinados entre sí. No son iguales la policía comunitaria de Ostula, sujeta a la asamblea general, que los civiles armados de Tepalcatepec, vinculados a Juan José Farías, El Abuelo, acusado de pertenecer al cártel del Milenio, cuyos seguidores se sumaron a la Fuerza Rural.
Su unidad siempre fue frágil. Hoy es inexistente. El gobierno federal la hirió de muerte. Sus principales dirigentes están enfrentados entre sí. Unos se han sometido incondicionalmente al comisionado Castillo, otros apuestan por conservar su autonomía. Los primeros destituyeron al doctor Mireles, los segundos lo sostienen.
Por ejemplo, Héctor Zepeda Navarrete, líder de Coahuayana, anunció que para ellos el mando único lo sigue encabezando el médico y sólo de él recibirán órdenes. “Nosotros –dijo– estamos del lado del doctor Mireles, no podemos estar del lado de otras personas y nosotros vamos por un solo camino, que es acabar con Los caballeros templarios. Nosotros no pertenecemos a ningún cártel”.
El plazo fatal del 10 de mayo se cumplió. Es falso –como asegura el comisionado Castillo– que las autodefensas representen al Estado. Siguen sin llegar a la entidad la paz, la estabilidad y el estado de derecho. Permanecen en la cárcel más de 100 integrantes de las autodefensas y en multitud de caminos y carreteras se mantienen retenes.
Antes de la fractura, las autodefensas eran ya un coctel político-social de pronóstico incierto. Coincidían en sus filas, todos armados, grandes agricultores, integrantes de cárteles, migrantes y pueblo llano. Ahora, la mezcla es aún más explosiva. Las consecuencias de su fractura son inimaginables. Por más teatros de sombras que se monten, la seguridad no ha llegado a Michoacán.
Twitter: @lhan55
