rupos independentistas pro rusos de las provincias de Donetsk y Lugansk, ubicadas en el este de Ucrania, proclamaron ayer su independencia respecto del gobierno de Kiev, luego de la celebración, el pasado domingo, de un referendo en el que la opción secesionista tuvo, a decir de los organizadores de la consulta, un respaldo de más de 90 por ciento.

Ayer mismo, los grupos pro rusos solicitaron su anexión a Rusia, petición que fue desestimada por el Kremlin. En tanto, el gobierno central en Kiev y las potencias que lo respaldan –Washington y Bruselas a la cabeza– criticaron la votación referida, la calificaron de farsa y acusaron a Moscú de fomentar la inestabilidad en la región.

Ciertamente, el referendo comentado reviste aspectos criticables no sólo por el evidente sesgo secesionista de sus organizadores, sino también porque se realizó en un escenario incompatible con los ejercicios democráticos: en medio de una espiral de violencia entre los grupos separatistas y las fuerzas de Kiev, provocada en buena medida por el ataque que ha lanzado este gobierno contra los civiles pro rusos y contra sectores rusos moderados que pugnan por la adopción de un modelo institucional federalista en Ucrania.

Pero si el referendo del pasado fin de semana dista de ser un ejercicio ubicado en la normalidad institucional y la democracia, es excesivo calificarlo de farsa impulsada por terroristas, como ha argumentado el gobierno provisional de Ucrania: con todo lo cuestionables que puedan ser los datos arrojados por la consulta, es evidente que detrás de ellos hay un importante sector social que demanda la separación de las provincias mencionadas, como ha quedado de manifiesto con la participación masiva de ciudadanos en las manifestaciones en contra del gobierno de Kiev. Dicho fenómeno no puede explicarse por la simple e innegable intromisión de Moscú en los territorios ucranios en conflicto: sería más preciso afirmar, en todo caso, que Moscú se ha aprovechado de un movimiento social amplio e innegable para favorecer sus intereses geopolíticos.

Más allá de lo anterior, es improbable que el resultado de las consultas realizadas en Donetsk y Lugansk vaya a derivar en una repetición mecánica de lo sucedido en Crimea –territorio ucranio anexado a la federación rusa tras la celebración de un referendo en abril pasado–, en la medida en que el escenario es distinto del que prevaleció en su momento en esa península al norte del Mar Negro: debe recordarse que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales impulsores de la anexión de Crimea, en esta ocasión tomó distancia del referendo del pasado fin de semana y respaldó los comicios presidenciales a realizarse en Ucrania el 25 de mayo. Por otra parte, en las provincias separatistas del este ucranio hay una importante presencia de fuerzas militares de Kiev, y una eventual anexión de esos territorios pudiera derivar, en consecuencia, en una guerra igual o peor a la que ocurrió en Georgia en 2008.

Con todo, para Occidente el resultado obtenido constituye una derrota política de suma gravedad para su proyecto de colocar al territorio y a la población de Ucrania bajo su órbita de influencia. La circunstancia, en suma, debiera obligar a los dos bloques geopolíticos en disputa en el tablero ucranio a impulsar una vía negociada y pacífica para que los ucranios nacionalistas y los pro rusos diriman sus diferencias.

Más aún, a la luz de los sucesos comentados, se hace evidente la necesidad de emprender una revisión de paradigma de los estados nacionales y de las fronteras actuales, particularmente las dibujadas en el periodo que va del fin de la Segunda Guerra Mundial a la caída del bloque soviético, las cuales están siendo reconfiguradas desde hace cuando menos dos décadas, con la salvedad de que esa reconfiguración hasta ahora había sido favorable a los intereses de las potencias de la Alianza Atlántica.

En el momento presente los movimientos separatistas e independentistas no se limitan a Ucrania: expresiones similares, con matices en fuerza y amplitud, se han dado en España, Gran Bretaña, Italia y Francia. En tal circunstancia, el férreo centralismo estatal con que han reaccionado tanto Kiev como las potencias occidentales puede resultar muy costoso para la de por sí precaria estabilidad mundial y para la gobernabilidad de los países afectados.