En una creciente tendencia a judicializar el tema electoral y las decisiones y actos partidistas, el PRI ha enfrentado desde 2009 a la fecha un total de 932 juicios, la mayoría de ellos de militantes que sienten violados sus derechos partidarios. En este mismo lapso, 29 priístas han sido expulsados o han perdido su militancia.

La presidenta de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Italy Ciani Sotomayor, reconoce que esta tendencia de judicializar las decisiones electorales proviene desde la vida interna de los partidos, y se observa también en los procesos de autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ex procuradora especializada en delitos contra mujeres en el estado de México, en el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Ciani Sotomayor dejó el cargo por decisión propia luego de la fuga y posterior recaptura de César Armando Librado, alias El Coqueto, presunto feminicida y violador serial.

Hoy, como miembro de la dirigencia nacional del PRI, está al frente de la comisión priísta que entre sus atribuciones tiene conocer y resolver las controversias que se presenten en procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos. Pero también está obligada a señalar las deficiencias y sancionar las conductas equívocas de militantes y servidores públicos del tricolor. El caso más reciente, el de Cuauhtémoc Gutiérrez, líder con licencia del PRI en la capital del país, acusado de operar una red de prostitución con recursos del partido.

Sobre este último caso, aclara que la comisión a su cargo tuvo que ejercer la facultad de atracción de esta denuncia, debido a la trascendencia del asunto y al temor de que la actuación de la Comisión de Justicia Partidaria del DF fuera parcial.

Estatutariamente, cualquier caso debe ser conocido primero por la comisión estatal respectiva, mientras que la nacional sirve como una instancia revisora.

Elegida para este cargo en noviembre pasado, en la más reciente sesión del Consejo Político Nacional, Ciani Sotomayor señala que en el pasado, el partido contaba con un sinnúmero de reglamentos donde estaban dispersas las disposiciones relativas a los procedimientos sancionadores, medios de impugnación y solicitudes de reafiliación, entre muchas otras normas, situación que complicaba la aplicación del orden jurídico.

Esta situación se atendió en la 21 asamblea nacional, y ahora se cuenta con un Código de Justicia Partidaria, documento avalado ya por el INE, con lo cual el PRI se convierte en el primer partido político con un código de esta naturaleza, donde están los derechos de los militantes, pero también sus obligaciones.

Señala que el rezago que tiene su comisión es mínimo, pero que uno de sus principales retos es precisamente dar a conocer a la militancia este nuevo código de ética, tanto a escala del Comité Ejecutivo Nacional como de los comités directivos estatales y municipales.

Desde 2009 a la fecha han sido 17 los priístas expulsados –los tres casos más recientes durante la gestión del líder nacional César Camacho Quiroz–, mientras otros 12 han perdido su militancia por delitos o conductas equívocas acreditadas.

Respecto de los más de 900 asuntos registrados por el partido en ese mismo lapso, se precisa que 487 han sido juicios para la protección de los derechos partidarios del militante, que proceden para impugnar los acuerdos, disposiciones y decisiones legales y estatutarias.