El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, descartó ayer que esta agrupación vaya a coordinar esfuerzos con el PRD en la recabación de las firmas requeridas para solicitar una consulta nacional sobre las modificaciones constitucionales en materia energética.

Ese partido ya tiene su camino en términos técnicos y políticos. Ha fijado una estrategia de negociaciones sobre las reformas estructurales muy diferente a la que seguimos nosotros, puntualizó.

Morena no va a entrar a negociaciones sobre ese asunto; son caminos distintos, añadió el ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad de México, aunque no descartó la posibilidad de dialogar con otras fuerzas políticas, como los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para coadyuvar a que se logre la realización de la consulta.

Adicionalmente, dijo, se tiene previsto abordar el asunto con organizaciones sindicales, campesinas y sociales, pues estamos por la unidad de todos los que quieren que se eche abajo la reforma energética.

Batres Guadarrama puntualizó que el esfuerzo de Morena está dirigido principalmente a los ciudadanos, más que a los partidos, con el objetivo de que se pueda lograr la fuerza necesaria que obligue a la consulta.

Recordó que Morena tiene la meta de superar el millón 600 mil firmas requeridas por la ley, razón por la cual se han desplegado 8 mil promotores por todo el país, además de muchos activistas.

En entrevista, aseguró que la recolección de firmas ha tenido buena respuesta de la ciudadanía, ya que se abre una ventana para tener un instrumento que ayude a impedir la entrega del petróleo y los energéticos a manos privadas.

Refirió que el próximo 5 de septiembre vence el plazo para entregar las rúbricas al Senado y la pregunta que se pretende incluir en la consulta. Una vez cumplido ese requisito, el órgano legislativo deberá solicitar al Instituto Nacional Electoral que verifique si las firmas recabadas representan 2 por ciento del padrón electoral, y luego de recibir la respuesta pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determine si es constitucional la interrogante que se quiere plantear a la ciudadanía.