a tercera Marcha de la Dignidad Nacional, en la que participaron cientos de madres y familiares de desaparecidos en el país, concluyó ayer con un mitin en el centro de esta capital en el que se demandó la presentación con vida de esas víctimas, se reclamó a las autoridades por la inoperancia con que se han conducido para esclarecer estos delitos y se les exigió que asuman la responsabilidad que les corresponde.
Uno de los correlatos de estos reclamos es la difusión reciente de una lista, por parte de Amnistía Internacional, según la cual durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron más de 26 mil desapariciones, algunas de ellas por parte de funcionarios públicos, lo que las convierte en forzadas y las coloca en la condición de delito de lesa humanidad. Significativamente, la cifra coincide con la de un informe difundido por la Secretaría de Gobernación en febrero del año pasado, lo que hace suponer que, o bien el número de desparecidos no se ha incrementado desde entonces –lo que parece improbable– o la administración actual ha sido omisa en la enumeración y sistematización de los casos.
En esa circunstancia, se vuelve particularmente procedente y atendible el reclamo formulado ayer por familiares de las víctimas de desaparición: por un lado, las autoridades actuales participan de una continuidad institucional que las obliga a hacerse cargo de los crímenes no esclarecidos durante la administración pasada; por otro lado, las acciones comentadas son, en general, producto de una política de Estado y de un menosprecio institucionalizado por la vida y los derechos humanos básicos. Es inimaginable, en efecto, que decenas de miles de personas puedan desaparecer, en cualquier país del mundo, sin responsabilidad precisa, por acción o por omisión, de las máximas autoridades, y sin que medie el designio de permitir que individuos de todas las edades y condiciones sociales sean sustraídos con violencia de su entorno cotidiano.
Por ello, si en la administración que encabeza Enrique Peña Nieto existe la voluntad real de afrontar el problema, debe empezarse por un examen de las decisiones institucionales que hicieron posible esos crímenes, así como por un deslinde claro de las responsabilidades penales, administrativas y políticas que dejaron en estado de completa indefensión a las víctimas de desaparición forzada. En particular, es necesario que se esclarezcan los casos en que servidores públicos y efectivos de las diversas corporaciones militares y policiales han sido señalados como partícipes o incluso como protagonistas del delito de desaparición forzada y que se dé curso a las acciones legales en su contra a las que haya lugar.
El agravio de las desapariciones, y en forma particular, las desapariciones forzadas, ha sido un agravio constante y masivo en el país por lo menos desde los tiempos de la guerra sucia (1970-1982, bajo las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo), que ciertamente se agudizó durante la pasada administración federal, pero que no ha amainado durante el actual ciclo de gobierno. La persistencia de ese fenómeno, y el hecho de que éste tenga que ser colocado en la escena pública por manifestaciones como la de ayer, da cuenta de un atraso injustificable en la procuración e impartición de justicia, que ninguna nación democrática y sujeta al imperio de las leyes debiera permitirse.
