l Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó ayer que está en curso una investigación contra el líder de los grupos de autodefensa José Manuel Mireles, por presunta responsabilidad en el asesinato de cinco personas en un tiroteo en Chuquiapan, municipio de Lázaro Cárdenas. El funcionario federal afirmó que la investigación referida deriva de los testimonios de un presunto sobreviviente del ataque, además de que tenemos algunas personas ya como probables responsables.

Con independencia de la veracidad de las acusaciones en contra de Mireles, un hecho inocultable es que éstas coinciden con el recrudecimiento de las divisiones que han surgido en el interior de los grupos de autodefensa, particularmente en torno al inverosímil plan de desarme ordenado por el gobierno federal, que supuestamente debería concluir hoy, y uno de cuyos principales detractores ha sido, precisamente, el propio Mireles. El más reciente episodio de esas pugnas entre las guardias civiles es la ruptura entre los bloques encabezados por Mireles Valverde y Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, quienes en horas recientes han intercambiado descalificaciones diversas; el primero, por otra parte, ha venido de-sempeñando en los últimos días un trabajo de vinculación con diversas organizaciones sociales y activistas como Javier Sicilia, que cristalizó ayer en un llamado a iniciar un movimiento de autodefensas a escala nacional, con el fin de combatir la inseguridad en el país, el que contrasta –por otra parte– con los recurrentes llamados del gobierno federal a la desmovilización de esas organizaciones.

La activación de las acusaciones contra Mireles tiene, por lo demás, dos precedentes obligados: uno de ellos es el encarcelamiento de otro dirigente de las autodefensas, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos personas en un proceso plagado de irregularidades y cuyo único punto de apoyo visible son los testimonios de integrantes de un grupo civil armado rival. Otro es la detención de 40 integrantes de la guardia comunitaria de Aquila, que siguen sujetos a proceso penal, donde 19 de los cuales están presos. Significativamente, ayer mismo las autoridades de Aquila criticaron que el gobierno no se haya desistido de ninguno de esos juicios, como sí lo ha hecho con más de 60 miembros de otros grupos de autodefensas.

Da la impresión, a la luz de estos hechos, que el afán del gobierno por desempolvar o iniciar causas penales contra liderazgos como los de Mireles y Mora, sean reales o inventadas, no es procurar e impartir justicia, sino desmovilizar a actores del complicado escenario michoacano que resultan críticos o incómodos para los planes gubernamentales.

Mal termina lo que mal empieza, y en el caso de la intervención gubernamental en Michoacán las acciones de las autoridades han transitado de una falta a otra: primero, por la tolerancia y la pasividad exhibidas ante el accionar de las organizaciones delictivas que operan en la referida entidad, lo cual obligó a diversos sectores de la población michoacana a tomar las armas para defenderse; posteriormente, por aplicar en la entidad una estrategia que lejos de restaurar la paz y el estado de derecho multiplicó los factores de tensión y encono en los territorios en conflicto, y ahora por emprender lo que a todas luces se presenta como una campaña de criminalización y persecución contra algunas de esas organizaciones, lo que, por contraste, pareciera favorecer a otros grupos civiles armados.

Por lo demás, las condiciones en que se encuentra actualmente Michoacán terminan por dar la razón a personajes como Mireles, respecto de la inviabilidad del desarme anunciado por el gobierno: por un lado, porque la delincuencia organizada no ha sido erradicada en la entidad y, por el otro, porque las divisiones internas y los cruces de acusaciones de las autodefensas hacen pensar que dicho escenario, en caso de concretarse, resultaría sumamente peligroso, en la medida en que los que acepten dejar las armas quedarían a merced de autodefensas rivales y, por supuesto, de los propios grupos delictivos.

Aún es tiempo para que el gobierno federal recapacite y comprenda que el estado de derecho no puede restaurarse mediante un uso faccioso y poco transparente de la ley. En el caso michoacano, se requiere de un Estado que actúe como garante de la vida, la integridad y los derechos de toda la población y que se desempeñe como un factor de distensión. De seguir por la ruta actual las autoridades estarán sembrando la aparición de nuevos y enconados conflictos y más violencia en el corto y el mediano plazos.