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La acusan de defraudar a sus accionistas al ocultar pagos soterrados en México para operar

Avala juez que fondo de pensiones prosiga demanda contra Wal-Mart por sobornos

Recomienda magistrada negar la moción de la cadena para el sobreseimiento el juicio

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habla sobre energía durante su visita este viernes a una sucursal de la cadena de tiendas Wal-Mart en Mountain View, California. La empresa anunció ante el mandatario que duplicará para 2020 el número de proyectos de energía solar en sus tiendas y centros de distribuciónFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Sábado 10 de mayo de 2014, p. 25

Nueva York, 9 de mayo.

Un juez magistrado del estado de Arkansas dio su aval para que un fondo de pensiones de Michigan prosiga con la demanda contra Wal-Mart por el supuesto esquema de sobornos que llevó a cabo la cadena en sus operaciones en México. La jueza federal, Erin Setser, precisó que la cadena comercial afrontará la demanda que lo acusa de defraudar a sus accionistas al ocultar supuestos hechos de corrupción en sus operaciones en México tras enterarse de que un medio preparaba un detallado reporte que involucraba casos de soborno.

En una opinión difundida este viernes, Setser, de la corte de la ciudad de Fayetteville, recomendó que fuera negada la moción de Wal-Mart para que se sobreseyera la demanda interpuesta por el fondo de pensiones para empleados retirados Pontiac General.

Un portavoz de Wal-Mart expuso que la compañía estaba en desacuerdo con la recomendación de Setser, que está sujeta a revisión por la jueza distrital estadunidense Susan Hickey. Los jueces distritales no están obligados a seguir las recomendaciones de otros magistrados, pero a menudo lo hacen.

La demanda está basada en una investigación publicada por el diario The New York Times en abril de 2012, que consignó que Wal-Mart había supuestamente sobornado a funcionarios de México para acelerar su ritmo de expansión en ese país.

Las acciones de la empresa luego de la revelación perdieron más de 8 por ciento en los días siguientes a la publicación de la investigación, lo que afectó a los accionistas, incluido el fondo de pensiones Pontiac General.

“Los demandantes argumentan que luego de que el artículo de The New York Times revelara los hechos que los demandados ocultaron, miles de millones de dólares de valor para los accionistas fueron borrados inmediatamente”, destacó el documento de la corte.

Pontiac General argumentó que Wal-Mart conocía desde el otoño de 2011 del supuesto esquema de fraudes en México y pese a ello evitó mencionar en documentos entregados a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sus sospechas de actos de corrupción.

La demandante argumenta que los acusados, en este punto, pudieron haber revelado la verdad a inversionistas y admitido que sabían de las sospechas de corrupción desde 2005, pero, en cambio, el 8 de diciembre de 2011 enviaron una declaración a la SEC que engañó al público inversionista, asentó.

La recomendación de Setser no es legalmente vinculante, aunque es costumbre que los jueces federales de distrito sigan las recomendaciones de los magistrados. La juez encargada del caso es Susan Hickey.

De acuerdo con la investigación del Times, ganadora de un Premio Pulitzer, Wal-Mart en México supuestamente entregó sobornos por 24 millones de dólares a funcionarios para acelerar la expansión de sus tiendas en ese país. La revelación ha generado investigaciones sobre las prácticas de Wal-Mart tanto en Estados Unidos y México, como en otros países.

Práctica desde 2005, dicen quejosos

Los demandantes, liderados por el sistema de retiro de empleados City of Pontiac, denunció que Duke y otros ejecutivos de Wal-Mart se enteraron en 2005 que la unidad Wal-Mart México podría haber estado sobornando a funcionarios locales para acelerar la apertura de tiendas, pero no investigaron el asunto adecuadamente en el 2005 y el 2006.

Afirman que Wal-Mart debería haber informado del tema en el reporte de resultados trimestrales presentado el 8 de diciembre de 2011, poco después de conocer el contenido de la investigación del New York Times.

En lugar de ello, señalaron que el reporte, conocido como 10-Q, fue una falsa demostración de vigilancia y virtud que hacía parecer que la compañía se enteró de las denuncias de corrupción en 2011, las abordó de manera apropiada e informó de la situación al Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos.