Ante la aplicación del mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que abre la puerta para la venta en el país de carbono forestal por 60 millones de dólares, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) propuso que los recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de Bosques no suplanten el presupuesto gubernamental para la política forestal y se mantenga una política de evaluación en las regiones, en la que participen los propietarios de los recursos forestales.

También pidió que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informe y garantice que el donativo de 3.8 millones de dólares que recibió el gobierno del fondo de preparación para el fondo cooperativo para el carbono de bosques sea destinado a las actividades relacionadas con el tema y diga en qué regiones se aplicará.  

El pasado mes, Conafor presentó en la reunión del Fondo de carbono, en Bruselas, Bélgica, la iniciativa de reducción de emisiones, que fue aprobada y que sienta las bases para iniciar el esquema del pago por resultados en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Jalisco. En abril de 2015, estimó el gobierno, se presentará el paquete de preparación y al final de ese año iniciará la fase de acciones, verificación y pago por resultados en 2016, el cual concluirá en 2020.

Por ello, el CCMSS destacó que los recursos del citado fondo cooperativo deben fortalecer a los actores sociales en la gestión sustentable de sus territorios; respetar los derechos de propiedad y que los recursos se dirijan a las necesidades de las comunidades. Insistió en que Conafor considere los múltiples factores relacionados con la deforestación y degradación, que no sólo tome en cuenta las actividades de índole forestal, que evalúe los resultados de los programas especiales de Conafor, que construya las estructuras estatales o regionales de decisión colegiada para enriquecer los programas especiales y las inversiones que se hagan en cada región con visión territorial y no sólo de polígonos o acciones forestales.

Sostuvo que para frenar la deforestación es indispensable contar con el acuerdo entre los actores sociales para el manejo de sus territorios y distribuir equitativamente los beneficios. Será necesario destinar esfuerzos al fortalecimiento de la gobernanza local, el capital social y las capacidades de manejo y planeación colectiva de los recursos con un enfoque territorial, dijo.

Respecto de los mecanismos financieros, expuso que deben ser combinados perfectamente con el presupuesto gubernamental destinado a la política forestal para reducir la deforestación; además, deberán transparentar la contribución de cada región en cuanto a toneladas de carbono mitigadas para asignar los recursos correspondientes. También pide informar con claridad cómo se construirán los órganos estatales y regionales de decisión colegiada para la distribución de los beneficios para respetar los derechos y prioridades de los propietarios de los bosques.

El CCMSS sugirió que la iniciativa de reducción de emisiones presentada por Conafor integre información desagregada de cada uno de los cinco estados y especialmente de cada municipio para tener datos precisos del problema de la deforestación y degradación forestal. Consideró indispensable construir la ruta crítica para el desarrollo del proceso previo de consulta libre.