En el caso del conflicto del Sindicato Nacional de Mineros no se trata de hacer un pleito de carácter callejero, sino de que el secretario general del gremio Napoleón Gómez Urrutia se presente ante el juez que lo está requiriendo en México, señaló ayer el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

El funcionario fue cuestionado respecto de las declaraciones que la semana pasada hizo el dirigente de que es absurdo que pidan localizarlo judicialmente, cuando todo el mundo sabe dónde ésta. A ello, Navarrete le respondió: “más que decir ‘vengan a buscarme’, mejor preséntate ante tu juez, que es el que te está requiriendo. No te está requiriendo el Poder Ejecutivo: es falso, y lo vuelvo a decir, que haya una persecución de carácter político contra líder alguno”.

En una conferencia a la que convocó para dar a conocer una multa histórica de 13 millones de pesos para una empresa de Grupo México, en la que fallecieron este año cinco mineros por las pésimas condiciones de seguridad e higiene, el secretario habló de la situación legal de Gómez Urrutia.

Según señaló, hay una orden de aprehensión contra el líder desde el sexenio pasado, la cual se declaró constitucional, por lo que tiene que presentarse ante el juez. Sin embargo, aclaró; lo digo con todas sus letras: no existe por parte del gobierno mexicano persecución política contra persona alguna; sí existen persecuciones jurídicas.

Abundó el funcionario al indicar que al tiempo que se garantiza que no hay esta persecución, tampoco se ha iniciado en este gobierno algún otro acto jurídico en contra del dirigente minero porque no se ha encontrado evidencia que permita tratar de establecer un nuevo proceso penal o una nueva investigación de carácter penal, y sí vamos a tener un trato respetuoso con el gremio minero. 

El Ejecutivo acata absolutamente la resolución del Poder Judicial de la Federación que determinó que Gómez Urrutia es el secretario general de este sindicato y observa esa resolución.

De la sanción contra Grupo México, explicó que aun cuando de enero del año pasado a la fecha se han realizado mil 724 inspecciones a unidades mineras y se ha logrado disminuir la siniestralidad en este ramo, lo cierto es que se siguen presentando accidentes fatales, como el que se suscitó el 12 de febrero de este año en la mina de Charcas, de San Luis Potosí, de Industrial Minera México, en el que fallecieron Benito Arriaga Gatica; Juan García Puente; Teódulo Rivera López; Isidro Rodríguez Ramírez y Blas Guzmán Gatica.

Ante ello la dependencia ordenó una inspección extraordinaria, en la que se dictaron 32 medidas administrativas y 39 medidas técnicas de seguridad e higiene; además, resolvió individualizar por cada uno de los trabajadores fallecidos el monto de la sanción, por lo que se impusieron a la empresa multas por un total de 13 millones 445 mil 308 pesos.

La multa fue extraordinaria y se aplicó conforme la nueva Ley del Trabajo, porque con la anterior no hubiera sobrepasado el millón de pesos, mientras los deudos recibieron un promedio de 400 mil pesos y becas de estudio para todos los menores, agregó.

Respecto de si no son montos miserables de indemnización por la muerte de una persona, respondió que dichas cantidades no la estableció el gobierno sino la ley, y que incluso en este caso la cifra es superior a la convenida en el contrato colectivo de trabajo; no obstante, reconoció qué mejor sería que la ley estableciera montos de indemnización superiores.