Las observaciones del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, Juan E. Méndez, en el sentido de que este delito es una práctica generalizada en México, confirman los señalamientos que ya se han hecho en el país desde hace mucho tiempo, pero en el informe final del especialista debe hacerse más énfasis en cómo este fenómeno perjudica no sólo a las víctimas directas, sino también a los familiares de aquellas, señalaron integrantes de organizaciones sociales.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, saludó la visita del funcionario, y destacó que la tortura sigue ocurriendo en México a pesar de que el gobierno ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales en la materia, los cuales en la práctica se ignoran de forma cotidiana, igual que las leyes nacionales.

No hay congruencia entre la firma de esas leyes y lo que pasa en la realidad. Esto siembra la preocupación que recogió el relator de la ONU, quien debería plasmar en su informe no sólo el caudal enorme de víctimas que han pasado por la tortura, sino también lo que dejó en sus familiares, consideró.

Ramírez Baena indicó que si las denuncias de tortura han bajado –como hizo notar el funcionario de la ONU–, ello puede deberse a que las fuerzas armadas han perdido protagonismo en la lucha contra la delincuencia organizada, pero siguen sin investigarse los malos tratos cometidos por los diferentes cuerpos policiacos.

Todo se reduce a la voluntad política que tenga el Estado mexicano para asumir plenamente su deber de prevenir, investigar y reparar los casos de tortura, porque si no, la consecuencia será que miles de personas inocentes seguirán injustamente en la cárcel, luego de ser detenidos arbitrariamente y torturados, subrayó.

Isabel Rosales, integrante del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que los señalamientos de Juan E. Méndez son atinados, pero manifestó que tendría que darse mayor importancia a lo que padecen los seres queridos de las víctimas directas de tortura y otros crímenes de lesa humanidad.

También es una tortura para los familiares. Todo esto se va agudizando y generalizando, porque hay un manto de impunidad. Al no haber castigo, una noticia sobre otro asesinato u otro acto de violencia ya pasa desapercibida, alertó.