n la pasada campaña electoral por el hueso mayor, el encopetado candidato tricolor resumía que, de llegar a Los Pinos, su oferta era que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día, y para ello, entre otras cosas, se comprometía a bajar el precio de los combustibles y hacerlos menos contaminantes.

Finalmente, el personaje se instaló en la residencia oficial y allí despacha desde hace 17 meses. No se sabe si a estas alturas ha logrado reducir el impacto ambiental de los combustibles, pero lo que sí es documentable es que sus precios son más elevados que los prevalecientes en los tiempos de la campaña electoral 2012 (lo mismo se registra con las tarifas eléctricas), tanto que en el citado periodo el alza ha sido de 18.3 por ciento en el caso de la gasolina Magna, de 22.5 por ciento en el de la Premium y de 18.9 por ciento en el del diesel.

En el mismo periodo la inflación oficialmente reconocida fue cercana a 6 por ciento, de tal suerte que los precios de los combustibles que se comprometió a reducir, en los hechos han avanzado a un ritmo entre 3.05 y 3.75 veces más que el índice nacional de precios al consumidor. Lo anterior no resulta novedoso, si se recuerda que en 17 meses de gobierno se han registrado igual número de gasolinazos.

Aquí los voceros oficiales y los oficiosos reclaman, porque, dicen, la oferta de reducir los precios de los combustibles se cumpliría sólo si la reforma energética recibía el visto bueno del Congreso, lo que ya sucedió. Y se mantienen los gasolinazos. Aun así, los jilgueros advierten que el círculo no se ha cerrado, pues restan las leyes secundarias, mismas que el inquilino de Los Pinos ya entregó al Congreso. Falta, pues, el segundo capítulo: la aprobación de tales leyes por parte de senadores y diputados, y con ello, aparentemente, no sólo concluiría el circuito de aumentos permanentes de los citados precios, sino que incluso comenzarían a reducirse... pero no en el sexenio de quien fuera encopetado candidato tricolor.

Lo anterior, porque en el propio paquete de leyes secundarias que el 30 de abril Enrique Peña Nieto presentó al Congreso queda claro que a lo largo de 2014 (ya aprobadas tales leyes) los precios máximos al público de las gasolinas Magna y Premium, así como del diesel suministrados por Petróleos Mexicanos aumentarán 9, 11 y 11 centavos por mes, respectivamente, es decir, los gasolinazos se mantendrán hasta diciembre próximo. En el presente año, pues, se descarta cualquier posibilidad de adquirir combustibles a menor precio.

Ya en 2015 y hasta 2019 (un año después de concluir el sexenio peñanietista), la Secretaría de Hacienda se encargaría de fijar precios máximos a los combustibles (que de ninguna manera equivale a disminuirlos), mismos que se ajustarán mensualmente conforme a la inflación, de tal suerte que para la tecnocracia sólo se ajustarían en términos reales, pero para los consumidores, de cualquier forma significarían una mayor erogación.

Lo anterior, propone la citada iniciativa del inquilino de Los Pinos, como parte de una transición gradual a la apertura en el precio al público de gasolinas y diesel, lo que ni lejanamente garantiza menores precios; por el contrario, el capital privado que expenda combustibles (aun suministrados por Pemex) viene por lo suyo: ganancias, mientras mayores mejor, y bajar los precios no forma parte de su estrategia, porque eso de que viene a ayudar al desarrollo nacional es parte del bla, bla, bla.

A partir de 2019, ya con Enrique Peña Nieto fuera de Los Pinos y dedicado a otros menesteres, el expendio al público se realizará sin que sea necesario contar con contrato de franquicia o de suministro con Petróleos Mexicanos. Con ello, los participantes en el sector podrán establecer sus propias estaciones de servicio y podrán suministrar los petrolíferos de la fuente que mejor convenga, lo que tampoco garantiza menores precios de los combustibles. Se trata, según la citada iniciativa, de un régimen especial (que) es progresivo y tiene la finalidad de minimizar el impacto en la actividad de venta al público de combustibles, así como establecer las bases para una apertura ordenada en el sector de estaciones de servicio.

En 2020 (ya en el segundo año del próximo gobierno, el sucesor de EPN) el precio de los combustibles será libre y reflejará las condiciones de mercado, en un país en el que la ley de la gravedad no existe, pues los precios siempre suben, nunca bajan, y con una dominante participación del capital privado al que lo menos que le interesa es ver reducidas sus utilidades. Si a todo lo anterior se suma que el gobierno federal cancelará los subsidios a los precios de los combustibles, entonces siéntense cómodamente en espera de que se repita el cuento de que bajarán los multicitados precios.

De hecho, en su respuesta al cineasta Alfonso Cuarón (“¿cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica?...), el inquilino de Los Pinos sólo asegura que como la reforma prevé abrir el sector de refinación, transporte y despacho de combustibles, estableciendo una competencia efectiva, los precios a los consumidores podrían incluso aumentar menos que el de otros productos.

Entonces, léase bien, y siempre pensando que tal propuesta funcionará: aumentar menos que otros productos, lo que ni de lejos es sinónimo de reducir precios. Lo mismo con las tarifas eléctricas, el gas y demás combustibles. Desde la apertura salinista del sector eléctrico (1992) se prometieron tarifas eléctricas más bajas; desde los contratos de servicios múltiples para explotar la cuenca gasífera de Burgos (2003), en tiempos de Fox, prometieron el incremento sostenido de la producción y precios más bajos al consumidor, y lo mismo con Calderón y sus contratos integrales de servicios (añádase: banca, aerolíneas, telefonía y todo lo demás). Allí están los resultados, con la credibilidad en el suelo.

Las rebanadas del pastel

Y mientras Ernesto Zedillo habla de sus sueños más delirantes (húmedos, es de suponer), falta ver quién es el guapo que se anima a construir una refinería, porque desde muchos años atrás dentro del propio gobierno federal los promotores de la privatización petrolera no han dejado de gritar que aquí las refinerías no son negocio y que, por lo mismo, sería un grave error construirlas en territorio nacional y una injustificada pérdida de recursos. Cómo olvidar que desde 1979 no se construye una refinería en el país porque, sin gastar en un tornillo, el gran negocio para el capital privado ha sido importar combustibles y a precios crecientes.

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