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Desfalcan al ayuntamiento de Salamanca
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de mayo de 2014, p. 33

Salamanca, Gto., 6 de mayo.

El alcalde de Salamanca, el panista Justino Arriaga Rojas, compró sin autorización del ayuntamiento un terreno de tres hectáreas en 42 millones de pesos —su precio real es de 12 millones–, en una operación en la que el intermediario fue Franco Herrera Sánchez, subsecretario de atracción de inversiones, quien cobró una comisión de 30 por ciento del costo del predio, el cual compró a su hermano, Alejandro.

Así lo denunciaron la regidora priísta y ex diputada local Alicia Muñoz Olivares y el delegado del partido Movimiento Ciudadano y ex regidor Javier Ramírez García, quienes acusaron al edil de haber violado la Ley Orgánica Municipal.

Según el acta del notario 22 de Celaya, Miguel Ramírez Silva, el 20 de noviembre de 2013 el alcalde compró el terreno a Alejandro Herrera Sánchez, director estatal del periódico El Sol y presidente del consejo de la inmobiliaria Benher, en 41 millones 953 mil 533 pesos. De acuerdo con el documento, los accionistas de Beher son Alejandro Herrera, Gabriel Benavides Valdes, Gerardo Aguirre Gallardo, y Emilio y Vicente Benavides Martínez.

Por boca del copropietario del predio, Gabriel Benavides, sé que el funcionario se llevó 12 millones 600 mil pesos de comisión, lo que tiene molesto a Gabriel es que 30 por ciento se desvió para el corredor, reveló Javier Ramírez, también regidor de la administración pasada.

El artículo 193 de la Ley Orgánica Municipal estipula que el cabildo debió crear un comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles.

Piden auditoría

Muñoz Olivares recordó que en enero de 2014, en una sesión secreta, se informó a los regidores que Justino Arriaga Rojas compró el predio para construir oficinas de seguridad pública, la policía vial, fiscalización, seguridad ciudadana, barandilla, protección civil, la academia de policía y para el centro de control.

Las instalaciones estarán a un costado de los colegios Kennedy y Alfa, que el 25 de marzo solicitaron al gobernador Miguel Márquez cancelar el proyecto.

El delegado de Movimiento Ciudadano anunció que solicitarán que el Órgano de Fiscalización Superior audite la compra del terreno y que a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sancione al alcalde y vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes del Partido Acción Nacional.