Todos los días son repatriados de Estados Unidos mil cien mexicanos y 500 mil menores nacidos en dicho país fueron deportados durante el gobierno de Barack Obama, denunciaron organizaciones no gubernamentales.

Pese a lo anterior, el gobierno mexicano no ha creado un programa de ayuda; por el contrario, parece que mantiene un acuerdo con el gobierno estadunidense y las grandes corporaciones para mermar los derechos laborales de los migrantes, acusaron integrantes de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Al Rojas, vicepresidente del Consejo Laboral por el Progreso Latinoamericano (AFL-CIO) del norte de California, sostuvo que durante el gobierno de Obama se han agudizado los ataques contra migrantes mexicanos y sindicatos.

Los empresarios y grandes corporaciones han asumido una postura antisindical, antimovimiento laboral y contra los sectores organizados; sólo el año pasado los sindicatos perdieron 400 mil agremiados, afirmó.

En conferencia de prensa para informar que este miércoles se efectuará el foro binacional Experiencias de solidaridad, lucha y resistencia en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rojas comentó que el programa huésped que los gobiernos de México y Estados Unidos buscan aplicar para disminuir los trabajadores indocumentados, realmente lo que pretende es recortar los salarios y eliminar derechos laborales.

Ahora trabajan tres veces más y reciben apenas ocho dólares por hora, cuando el salario debería ser de 15 dólares; dicho programa es sólo una forma de tapar la explotación y el creciente racismo.

Juan Manuel Sandoval, de la RMALC y coordinador del Seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras, de la dirección de etnología y antropología social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sostuvo que al gobierno no le importa que deporten a los mexicanos, lo que busca es negociar tratados de trabajadores temporales, y por eso se queda callado. Es una situación que no se resolverá si continúa el neoliberalismo.

Enrique Lazcano, representante del sector de economía social del FAT, desmintió que los indocumentados no paguen los impuestos del seguro social; lo que gobiernos y empresas buscan es sacar el mayor provecho de los trabajadores y después desecharlos como si fueran objetos.